Contexto y competencia del tribunal

El Tribunal Administrativo de Santander, a través de una providencia emitida el 26 de mayo de 2026, conoció en primera instancia una acción popular presentada contra el Municipio de San Gil y el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. La acción busca la protección de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público y cultural, la seguridad y salubridad públicas, y la adecuada infraestructura para prevenir riesgos y cumplir con normativas urbanísticas. La competencia para conocer estas acciones se fundamenta en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, que otorgan a los tribunales administrativos la facultad para conocer procesos de protección de derechos colectivos frente a autoridades nacionales y municipales, así como personas privadas que ejerzan funciones administrativas. En este caso, la competencia territorial se estableció conforme al lugar de ocurrencia de los hechos.

Antecedentes de la demanda

La demanda fue interpuesta para proteger derechos colectivos vulnerados ante la presunta omisión en la adecuada gestión y mantenimiento de un inmueble ubicado en el municipio de San Gil. El demandante argumentó riesgos para la comunidad derivados del estado del predio, que presentaría condiciones que podrían afectar la seguridad y salubridad públicas. Además, solicitó medidas cautelares urgentes para impedir posibles daños, como el cercado del lote y la señalización del riesgo, así como la entrega de informes sobre las actuaciones administrativas relacionadas.

Consideraciones y decisión del tribunal

El tribunal evaluó los requisitos formales y sustanciales para la admisión de la demanda conforme al artículo 20 de la...