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Tribunal Administrativo de Santander confirma legalidad de incrementos salariales diferenciados en escalafón docente

Proviene de: Sentencias

29 de julio de 2026 14:2:30

Contexto y naturaleza de la providencia

La sentencia corresponde a una decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta providencia resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda presentada ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada por una docente oficial vinculada al escalafón nacional docente en la categoría 3AM, quien solicitó la inaplicación y nulidad de varios decretos nacionales que establecieron incrementos salariales diferenciados para su categoría en comparación con la categoría 3DM durante los años 2008 y 2009. Señaló que dichos incrementos fueron aplicados de manera indiscriminada y desigual, vulnerando los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, así como normas legales relacionadas con la igualdad y la carrera docente. El Ministerio de Educación Nacional y el Municipio demandado se opusieron a las pretensiones, alegando la legalidad de los actos administrativos y la competencia exclusiva del Gobierno Nacional para fijar la estructura salarial docente, basada en criterios objetivos como formación académica, experiencia y desempeño. También argumentaron que no existía identidad de condiciones entre las categorías 3AM y 3DM, por lo que no podía aplicarse el principio de igualdad salarial. En primera instancia, el juzgado negó las pretensiones, concluyendo que la diferencia en los incrementos salariales respondía a una estructura meritocrática del escalafón docente y que no existía vulneración del derecho a la igualdad ni ilegalidad en los decretos cuestionados.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia de primera instancia, fundamentando su decisión en la competencia constitucional y legal del Congreso y del Gobierno Nacional para establecer el régimen salarial docente, conforme al artículo 150 de la Constitución y la Ley 4 de 1992. Destacó que el Decreto Ley 1278 de 2002 regula la estructura del escalafón, los requisitos para ascenso y las escalas salariales basadas en criterios técnicos y objetivos, tales como el grado y nivel acreditado, la experiencia y la calificación en evaluaciones de desempeño. En ese marco, las diferencias en los incrementos salariales de 2008 y 2009 entre las categorías 3AM y 3DM se justifican objetivamente, pues el nivel 3DM implica requisitos adicionales como especialización y experiencia superior. El Tribunal enfatizó que la potestad del Ejecutivo para fijar salarios no es absoluta y debe respetar derechos adquiridos, evitar desmejoras salariales y garantizar proporción entre cargo y remuneración. En este caso, los incrementos respetaron estos límites y promovieron incentivos para la profesionalización docente, como lo establecen las normas aplicables. Asimismo, se aclaró que el principio constitucional “a trabajo igual, salario igual” es inaplicable cuando las situaciones fácticas y jurídicas no son equivalentes, como ocurre entre las categorías 3AM y 3DM, que difieren en nivel, formación y evaluación. Sobre la condena en costas, el Tribunal descartó su imposición en esta instancia, considerando que la demanda fue presentada con base en una interpretación jurídicamente razonable y sin mala fe ni abuso del derecho.

Conclusión de la sentencia

En conclusión, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la legalidad de los actos administrativos que establecieron los incrementos salariales diferenciados en las categorías del escalafón docente para los años 2008 y 2009, reafirmando la competencia del Gobierno Nacional y la validez de los criterios técnicos empleados. Además, se mantuvo la decisión de no imponer condena en costas, cerrando así el proceso judicial en esta instancia y proporcionando certeza jurídica sobre la regulación salarial docente en el país.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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