Contexto y tribunal competente

La providencia fue proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en segunda instancia, con ponencia de una magistrada de dicho tribunal. El proceso judicial se encuentra en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se origina a partir de una demanda sobre el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial. La sentencia apelada fue emitida el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil.

Antecedentes fácticos y procesales

El litigio tiene como eje central la naturaleza salarial o no de la bonificación judicial establecida por el Decreto 382 de 2013. En primera instancia, la demandante solicitó el reconocimiento de dicha bonificación como factor salarial, lo que generó controversia. Adicionalmente, se presentó una manifestación de impedimento por parte de magistrados del tribunal para conocer del asunto, basada en la expectativa de un beneficio similar en la prima especial de servicios que reciben. Sin embargo, el Consejo de Estado, en auto del 25 de julio de 2024, declaró infundado dicho impedimento, estableciendo criterios estrictos para su procedencia conforme al numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP) y sus remisiones.

Consideraciones de la providencia

El Tribunal Administrativo de Santander, siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, enfatizó que la causal de impedimento es de interpretación estricta y requiere la concurrencia de dos elementos: uno subjetivo —que el juez o sus parientes se beneficien o perjudiquen con la decisión— y otro objetivo —la existencia de un interés actual, cierto y particular en el resultado...