Tipo y alcance del Acuerdo

Este proyecto corresponde a un Acuerdo emitido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 2363 de 2015, y demás normatividad aplicable. El documento busca actualizar y precisar las extensiones máximas y mínimas aplicables a las Unidades Agrícolas Familiares en municipios específicos de los departamentos de Bolívar y Boyacá, mediante la metodología de cálculo basada en Unidades Físicas Homogéneas a escala municipal.

Objeto y objetivos del Acuerdo

El proyecto tiene por objeto señalar los rangos correspondientes a las extensiones máximas y mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares por Unidades Físicas Homogéneas a escala municipal en los municipios mencionados. La finalidad es apoyar la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural, promovida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dirigida a campesinos y trabajadores agrarios. De esta forma, se busca garantizar un acceso progresivo y equitativo a la tierra, fomentando la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible.

Ámbito de aplicación y disposiciones principales

El Acuerdo será aplicado por la ANT en los procedimientos relacionados con adjudicación, titulación y ordenamiento social de la propiedad rural en los municipios de Turbaco y Zambrano (Bolívar) y Chitaraque, San José de Pare y Santana (Boyacá). Se adopta la metodología establecida en el Acuerdo 167 de 2021, que define la Unidad Agrícola Familiar como la suma de un Área Mínima Rentable y áreas complementarias, ajustadas a las condiciones productivas de cada Unidad Física Homogénea. El documento incluye tablas detalladas con las extensiones mínimas y máximas para cada tipo de Unidad Física Homogénea en cada municipio, contemplando diversas calidades productivas, desde "muy buena" hasta "improductiva". Además, establece exclusiones para áreas con restricciones legales, como zonas de conservación ambiental, patrimonio cultural, zonas urbanas, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras.

Impacto potencial y relevancia para la comunidad

Al definir con precisión las extensiones máximas y mínimas de las Unidades Agrícolas Familiares, el proyecto busca evitar la concentración inequitativa de la propiedad rural y promover un uso eficiente y sostenible de la tierra. Esto favorece a los campesinos y trabajadores agrarios al facilitarles el acceso a tierras adecuadas para la producción familiar, contribuyendo a la reducción de la pobreza rural y al fortalecimiento de la soberanía alimentaria. La actualización de estos rangos también permitirá a la ANT ejecutar con mayor precisión la política de ordenamiento social de la propiedad rural, generando seguridad jurídica y mejorando la planificación territorial en las regiones involucradas.

Mecanismos de seguimiento y evaluación

El proyecto contempla la publicación de la información geográfica asociada a las Unidades Agrícolas Familiares en la página web de la ANT para consulta abierta, lo que facilitará la transparencia y el seguimiento ciudadano. Asimismo, se prevé que las dependencias de la ANT determinen la adjudicabilidad de áreas excluidas o con inviabilidad productiva mediante regímenes especiales establecidos en la normativa vigente.

Contexto normativo y transición

El Acuerdo se enmarca en la Constitución Política de 1991, la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 902 de 2017 y el Acuerdo 167 de 2021, entre otros instrumentos que regulan la política agraria y el ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia. Además, sustituye disposiciones anteriores aplicables en los municipios objeto de actualización y establece un régimen de transición que respeta los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas previas.

Conclusión

Este proyecto de Acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras representa un paso importante en la actualización técnica y jurídica de los parámetros para la adjudicación y manejo de unidades agrícolas familiares en municipios estratégicos de Bolívar y Boyacá. Su implementación permitirá fortalecer la política pública de acceso y uso justo de la tierra, con un impacto significativo en la seguridad jurídica y el desarrollo rural sostenible. Cabe destacar que, al tratarse de un proyecto, aún está sujeto a revisión y aprobación definitiva antes de su entrada en vigencia. La ANT invita a la ciudadanía y a los actores rurales a participar en el proceso de socialización y consulta pública para enriquecer esta iniciativa y garantizar que responda a las necesidades reales de las comunidades afectadas.