Contexto y tribunal competente

El auto objeto de apelación fue proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en primera instancia, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció en segunda instancia del recurso. La providencia se refiere a la resolución de un recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de plano de una excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa, planteada por la entidad territorial demandada en un proceso ejecutivo.

Antecedentes fácticos y procesales

En 2017, Grupo Argos S.A. inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, solicitando la devolución de pagos efectuados por concepto de estampilla pro hospital. El Tribunal Administrativo del Atlántico accedió a las pretensiones en 2018, decisión confirmada posteriormente por el Consejo de Estado en 2021. Posteriormente, Grupo Argos S.A. promovió un proceso ejecutivo para el cumplimiento de la sentencia y la expedición de mandamiento de pago por más de 2.600 millones de pesos. En respuesta, el Distrito de Barranquilla presentó una excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa, argumentando discrepancia entre la persona jurídica demandante en el proceso ejecutivo y la del proceso inicial. El Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó esta excepción de plano en febrero de 2025, decisión que fue apelada por la entidad territorial.

Consideraciones de la Sala de segunda instancia

La Sala Unitaria del Consejo de Estado realizó un análisis riguroso de los aspectos procesales involucrados. Primero, aclaró que el recurso de apelación contra el auto que rechazó la excepción es procedente y que la competencia para conocerlo corresponde a esta corporación conforme a la ley. En cuanto al fondo, la Sala recordó que, en los procesos ejecutivos con título ejecutivo emanado de providencias judiciales, las excepciones que pueden plantearse están taxativamente listadas en el artículo 442 del Código General del Proceso (CGP). Entre estas excepciones no se encuentra la falta de legitimación en la causa por activa, por lo cual debe rechazarse de plano dicha excepción cuando se plantea fuera de la vía procesal adecuada. Además, se destacó que los aspectos formales del título ejecutivo deben ser discutidos mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago, y no a través de excepciones previas en el proceso ejecutivo. En este caso, la parte demandada no utilizó el recurso procesal correcto para cuestionar la legitimación activa. Por otra parte, el Tribunal Administrativo corrigió de oficio errores en la denominación de la parte demandante, unificando la identificación en todas las actuaciones procesales para evitar confusiones, lo cual fue valorado en la decisión. Finalmente, la Sala desestimó la solicitud de práctica de pruebas en segunda instancia, en concordancia con las normas procesales que limitan la admisión de pruebas en apelaciones contra autos.

Conclusión de la decisión

El Consejo de Estado confirmó el auto del Tribunal Administrativo del Atlántico que rechazó de plano la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, argumentando que la excepción no es procedente en la vía procesal seguida y que la parte demandante fue correctamente identificada en el proceso. Esta decisión reafirma la importancia de la correcta utilización de los recursos procesales y la adecuada identificación de las partes en los procesos ejecutivos basados en providencias judiciales. La providencia fue proferida por el magistrado ponente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en junio de 2026, consolidando así la jurisprudencia sobre la materia y garantizando la seguridad jurídica en procesos similares.