Contexto y naturaleza de la decisión

El pasado 23 de junio de 2026, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, profirió un auto interlocutorio dentro del proceso identificado bajo el número único de radicación 11001032400020150001300. La providencia responde a una acción de nulidad relativa en la que la entidad demandante no cumplió con aportar una prueba documental clave para el trámite de la demanda.

Antecedentes fácticos y procesales

En la audiencia inicial, el tribunal decretó como prueba a cargo de la parte actora el aporte del certificado de registro de una marca mixta otorgado en la República de Panamá, con la exigencia de que este documento estuviera debidamente traducido y apostillado. Sin embargo, la parte demandante no cumplió con esta obligación. Ante esta falta de actuación, el Consejo de Estado emitió un requerimiento mediante auto fechado el 23 de septiembre de 2024, otorgando un plazo adicional para que se aportara la prueba. Se advirtió expresamente que el incumplimiento implicaría el desistimiento tácito de la prueba, conforme al artículo 178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Transcurrido el plazo sin respuesta, el informe secretarial confirmó que la parte actora guardó silencio.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El tribunal recordó que el artículo 178 del CPACA establece que, ante la falta de cumplimiento de un acto necesario para continuar el trámite dentro de los plazos otorgados, el juez debe ordenar a la parte interesada que lo cumpla en un término adicional. Si persiste el incumplimiento, la demanda o solicitud quedará sin efectos y se dispondrá la terminación del proceso o actuación correspondiente. Por ello, el Consejo de Estado decretó el desistimiento tácito de la prueba documental requerida. Adicionalmente, la providencia aborda una solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). El tribunal aplicó la doctrina del acto aclarado, que permite no solicitar interpretación prejudicial cuando la norma comunitaria ya ha sido objeto de análisis en pronunciamientos previos publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En este caso, las normas comunitarias objeto de interpretación —los artículos 136 literal d), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000— ya fueron interpretadas en las decisiones comunitarias 48-IP-2012, 90-IP-2022 y 128-IP-2022. Por tanto, el tribunal decidió no solicitar nueva interpretación prejudicial y acogió las interpretaciones existentes para el análisis del caso.

Decisión y próximos pasos

En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió:

• Decretar el desistimiento tácito de la prueba documental ordenada a la parte demandante.
• Aplicar la doctrina del acto aclarado respecto a la solicitud de interpretación prejudicial.
• Atender las interpretaciones prejudiciales comunitarias previamente emitidas y publicadas.
• Remitir el expediente para convocar a las partes e intervinientes a la audiencia de pruebas orientada a practicar la prueba testimonial previamente decretada.

Esta decisión subraya la importancia del cumplimiento oportuno de las cargas procesales y la utilización eficiente de las interpretaciones jurídicas comunitarias en los procesos administrativos, garantizando así la celeridad y eficacia en la administración de justicia.