Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, específicamente por la Sección Quinta, en primera instancia en materia electoral. La magistrada ponente, en ejercicio de su competencia conforme al artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, resolvió sobre la procedencia del impedimento presentado por el conjuez designado para conocer un impedimento previamente manifestado por un magistrado de la misma Sala.

Antecedentes del proceso

El caso se originó con la demanda presentada contra la elección de un representante a la Cámara por la circunscripción territorial del departamento de Bolívar, periodo constitucional 2026-2030, buscando la nulidad del formulario oficial que certificó dicha elección. En el proceso, uno de los magistrados manifestó impedimento alegando amistad con el apoderado del demandado, quien fue funcionario en el Consejo de Estado en cargos relacionados. Dado que la manifestación de impedimento de este magistrado afectaba el quórum necesario para decidir el asunto, se ordenó el sorteo de un conjuez principal y uno suplente para sustituirlo. El conjuez principal designado también presentó impedimento alegando una relación de cercanía profesional con el apoderado del demandado, situación similar a la que motivó el impedimento inicial.

Consideraciones jurídicas y decisión

La magistrada ponente recordó que, según el artículo 142 del Código General del Proceso, no pueden ser recusados ni declarados impedidos los jueces o magistrados a quienes corresponde conocer de la recusación o de los impedimentos, ni aquellos encargados de dirimir conflictos de competencia o funcionarios comisionados. En consecuencia, la manifestación de impedimento presentada por el conjuez fue considerada improcedente, pues su designación se limita a estudiar y decidir sobre el impedimento inicial del magistrado, y no a resolver de fondo el proceso de nulidad electoral. Esta interpretación se apoya en precedentes de la misma Sala Quinta y de la Sección Primera del Consejo de Estado que reafirman la imposibilidad de declarar impedido a un magistrado llamado a resolver recusaciones o impedimentos. Por lo tanto, el auto rechazó de plano el impedimento presentado por el conjuez, decisión que es definitiva y contra la cual no procede recurso, conforme al numeral 6 del artículo 243A de la Ley 1437 de 2011.

Implicaciones procesales

Esta decisión reafirma la aplicación estricta de las causales de impedimento y recusación en la justicia administrativa electoral, garantizando la continuidad y eficacia en la tramitación de los procesos. Asimismo, clarifica que los jueces o magistrados encargados de resolver sobre recusaciones o impedimentos no pueden ser objeto de estos mecanismos, evitando dilaciones indebidas y asegurando la estabilidad en la administración de justicia electoral. La resolución puede consultarse en el portal oficial del Consejo de Estado, garantizando transparencia y acceso público a la información judicial. Con esta determinación, se fortalece la confianza en los mecanismos procesales y se asegura que los procesos electorales sean resueltos con prontitud y conforme a derecho.