Providencia y tribunal competente

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, profirió sentencia de segunda instancia el 11 de junio de 2026, en el marco de una acción de tutela radicada contra un auto del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Facatativá.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante presentó tutela contra el juzgado mencionado, solicitando amparo a sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, igualdad y derecho de petición. La controversia se originó a partir de un contrato de servicio público de gas natural, cuyo plazo de financiación pactado fue cuestionado: mientras el usuario alegó haber acordado 36 cuotas, la empresa proveedora aplicó unilateralmente un plazo de 60 meses con cuotas e intereses que consideró abusivos. Tras presentar petición administrativa sin respuesta adecuada, el accionante promovió una acción de tutela contra la empresa y diversas entidades de control. En primera instancia, el juzgado declaró la improcedencia de la tutela por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que existían medios ordinarios para controvertir el contrato. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó parcialmente esta decisión, ordenando a la empresa dar respuesta clara y de fondo a la petición. Posteriormente, la empresa informó haber cumplido con la orden judicial, enviando documentación y explicaciones sobre los contratos y facturas. El juzgado de circuito archivó el incidente de desacato, concluyendo que la empresa había dado respuesta completa y congruente, y que no se configuraba incumplimiento de la sentencia de tutela. El accionante impugnó esta providencia ante el Consejo de Estado, argumentando que el juzgado no valoró adecuadamente la prueba que acreditaba el incumplimiento y que se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso.

Consideraciones y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente solo en casos excepcionales, cuando se superan ciertos requisitos: relevancia constitucional, inmediatez, subsidiariedad y que no se trate de tutela contra tutela. Además, la tutela no puede funcionar como una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos por el juez natural. Respecto al requisito de relevancia constitucional, la Sala destacó la doctrina de la Corte Constitucional, que limita la intervención del juez constitucional a situaciones donde la providencia judicial afecta de forma grave derechos fundamentales, y no para resolver controversias de carácter exclusivamente legal o probatorio. En el caso concreto, la Sala concluyó que la controversia se centraba en la interpretación y valoración de la respuesta dada por la empresa a la solicitud del accionante, y no en una vulneración clara de derechos fundamentales. Se trató, por tanto, de una inconformidad con la decisión judicial que había valorado el cumplimiento de la orden de tutela, sin evidenciarse arbitrariedad o violación constitucional. Por ello, se confirmó la improcedencia de la tutela, negando la solicitud de desvinculación de la empresa y rechazando la nulidad procesal planteada por el accionante.

Implicaciones jurídicas

Esta decisión reafirma los límites del mecanismo de tutela para controvertir providencias judiciales, enfatizando la protección de la autonomía e independencia judicial, y la necesidad de que la acción constitucional atienda asuntos de verdadera relevancia constitucional. La tutela no debe emplearse para revisar valoraciones probatorias o interpretaciones legales propias de la instancia ordinaria. Además, el fallo señala la importancia del agotamiento de las vías ordinarias y extraordinarias de impugnación, respetando el principio de subsidiariedad, para preservar la seguridad jurídica y el orden procesal.

Conclusión

El Consejo de Estado confirmó que no procede la acción de tutela contra el auto que archivó un incidente de desacato en un caso relacionado con la financiación de un servicio público domiciliario, por no superar el requisito de relevancia constitucional. La sentencia mantiene el respeto a las decisiones judiciales y limita el uso del amparo constitucional a casos de verdadera afectación de derechos fundamentales, garantizando así la estabilidad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema judicial en materia de servicios públicos.