Contexto y antecedentes del caso

El proceso se originó con la demanda presentada por un grupo de habitantes de varias veredas del municipio de Rovira, ubicadas en la zona de influencia del volcán Machín, quienes denunciaron el mal estado y la falta de vías adecuadas para la evacuación en caso de emergencia. La demanda fue dirigida contra diversas entidades territoriales y nacionales, incluyendo los municipios de Rovira e Ibagué, el Departamento del Tolima, el Ministerio de Transporte, el INVÍAS y la UNGRD. Los demandantes solicitaron que se garantizara el derecho colectivo al ambiente sano, al espacio público, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso eficiente a servicios públicos y a un desarrollo urbano ordenado, mediante la intervención inmediata en la infraestructura vial para asegurar vías de evacuación óptimas y seguras. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones, declarando la vulneración de los derechos colectivos y ordenando a las entidades demandadas tomar medidas concretas para solucionar la problemática, incluyendo la suscripción de convenios para estudios, diseños y ejecución de obras, así como la conformación de un comité de seguimiento.

Consideraciones jurídicas y análisis de la Sala de Segunda Instancia

El Consejo de Estado, competente para resolver recursos de apelación contra sentencias en materia de derechos colectivos, analizó los argumentos de las entidades apelantes y confirmó la existencia de vulneración de derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Destacó que las veredas en cuestión se encuentran en una zona de especial vulnerabilidad por su cercanía al volcán Machín y carecen de vías adecuadas para una evacuación segura. La Sala reafirmó que el municipio de Rovira es responsable directo del mantenimiento y construcción de las vías terciarias ubicadas en su jurisdicción, conforme a la Ley 105 de 1993 y la Ley 1523 de 2012, que atribuyen al alcalde la responsabilidad de implementar la gestión del riesgo en su territorio. Sin embargo, reconoció las limitaciones financieras y técnicas del municipio y estableció que, en aplicación de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el Departamento del Tolima debe participar activamente como instancia de apoyo y articulación. En cuanto a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, la Sala precisó que su función es apoyar a las entidades territoriales en el conocimiento y reducción del riesgo ambiental, garantizando la sostenibilidad ambiental en la ejecución de proyectos, sin sustituir las responsabilidades de los municipios y departamentos. Respecto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se estableció que su papel es de asesoría, coordinación y acompañamiento técnico, y no de ejecución ni financiación directa de las obras viales, limitando su intervención a la gestión de políticas de riesgo durante la planificación y desarrollo de las obras. El Ministerio de Transporte y el INVÍAS deben prestar colaboración técnica y asesoría a las entidades territoriales, pero no tienen como función principal la consecución directa de recursos para obras en vías terciarias municipales.

Órdenes impartidas y seguimiento

La Sala modificó la sentencia para precisar las siguientes obligaciones:

• Los municipios de Rovira e Ibagué y el Departamento del Tolima deben suscribir un convenio para contratar una consultoría que diseñe las obras necesarias que garanticen la transitabilidad en las veredas afectadas, con un plazo máximo de tres meses para la firma y cuatro meses para la entrega del estudio.
• Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, estas entidades deben elaborar el proyecto de construcción y mantenimiento en un plazo no superior a seis meses, ajustado a los diseños de la consultoría.
• Los municipios y el departamento deberán garantizar la consecución del 100% de los recursos para la ejecución de las obras en un plazo máximo de tres meses, utilizando las herramientas jurídicas y fondos disponibles, incluyendo recursos nacionales y territoriales.
• La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres debe gestionar y acompañar a las entidades territoriales para coordinar la aplicación de políticas de gestión del riesgo durante la ejecución del proyecto.
• El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías deberán prestar asistencia técnica y apoyo en todas las fases del proyecto a las entidades territoriales.
• Se conformará un comité de verificación presidido por el magistrado ponente, que incluirá representantes del Ministerio Público, la parte actora y las autoridades territoriales y nacionales involucradas, encargado de supervisar el cumplimiento de las órdenes impartidas.

La Sala decidió no imponer costas en esta instancia y remitió copia de la decisión a la Defensoría del Pueblo para su conocimiento y seguimiento.

Importancia y alcance de la decisión

Esta providencia judicial resalta la importancia de aplicar los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para abordar problemas complejos que afectan derechos colectivos, especialmente en contextos de riesgo natural. Además, enfatiza el deber de las autoridades territoriales de garantizar la seguridad y calidad de vida de las comunidades, incluso ante limitaciones presupuestales, y establece un esquema claro de responsabilidades y colaboración entre las entidades públicas. La decisión contribuye a fortalecer la gestión integrada del riesgo y el desarrollo sostenible en zonas vulnerables, estableciendo un precedente para la protección de derechos colectivos frente a problemáticas relacionadas con infraestructura y riesgos naturales. Así mismo, se espera que la implementación efectiva de estas medidas mejore significativamente las condiciones de vida y seguridad de las comunidades en la zona de influencia del volcán Machín, promoviendo una gestión del riesgo más integral y participativa en el territorio.