Contexto y tribunal competente
La providencia fue emitida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, con el fin de resolver un conflicto de competencia entre el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Sogamoso (Boyacá) y el Juzgado Primero de Familia de Yopal (Casanare). Ambos juzgados se disputaban la competencia territorial para conocer de una demanda ejecutiva de alimentos basada en un acta de conciliación extrajudicial.
Antecedentes fácticos y procesales
La demanda ejecutiva fue presentada en representación del beneficiario de la cuota alimentaria, solicitando librar mandamiento de pago contra el obligado. La representación actuó con fundamento en un acuerdo conciliatorio que estableció la cuota alimentaria cuando el beneficiario era menor de edad. Sin embargo, al momento de la radicación de la demanda, este ya había alcanzado la mayoría de edad.
El Juzgado de Sogamoso rechazó la demanda por falta de competencia territorial, argumentando que debe aplicarse la regla general del Código General del Proceso, que asigna competencia al juez del domicilio del demandado, y que el domicilio señalado correspondía a Yopal, no a Sogamoso. Por su parte, el Juzgado de Yopal se abstuvo de conocer el caso y planteó un conflicto negativo de competencia, fundamentando su posición en que la competencia debía determinarse con base en el domicilio del menor al momento en que se generó la obligación alimentaria.
Consideraciones jurídicas de la providencia
La Corte Suprema recordó que existen varias reglas concurrentes para determinar la competencia territorial en procesos civiles, entre ellas:
- La regla general del numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, que asigna competencia al juez del domicilio del demandado.
- El foro contractual del numeral 3º del mismo artículo, relativo al lugar de cumplimiento de las obligaciones.
- La prerrogativa especial del numeral 2º del artículo 28, que establece competencia privativa para el juez del domicilio o residencia del niño, niña o adolescente en procesos ejecutivos de alimentos.
Al analizar el caso, la Sala concluyó que, dado que el beneficiario había cumplido la mayoría de edad antes de la presentación de la demanda, no es aplicable la competencia especial prevista para menores. Por lo tanto, debe regir la regla general del domicilio del demandado o el foro contractual, según corresponda.
Asimismo, la Corte señaló que la legitimidad para actuar en representación del beneficiario y la validez de la demanda son cuestiones que deberá resolver el juez que finalmente conozca del trámite.
Finalmente, la Corte ordenó que el juzgado que inicialmente rechazó la demanda requiera a la parte actora para que precise y elija uno de los fueros válidos para continuar el proceso, señalando que la elección debe explicitarse claramente y ajustarse a la realidad del domicilio o del lugar de cumplimiento.
Decisión y consecuencias procesales
La Corte Suprema de Justicia resolvió:
- Declarar prematuro el planteamiento del conflicto de competencia entre los juzgados de familia de Sogamoso y Yopal.
- Devolver el expediente al Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Sogamoso para que proceda conforme a lo señalado en la providencia.
- Comunicar la decisión a las partes involucradas y al otro juzgado implicado.
Esta providencia aclara la aplicación práctica de las reglas de competencia territorial en procesos ejecutivos de alimentos cuando el beneficiario ha alcanzado la mayoría de edad, enfatizando la necesidad de que la parte actora precise el fuero aplicable para evitar dilaciones procesales y garantizar una correcta administración de justicia.
