Contexto y tribunal competente

La decisión fue adoptada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, dentro del trámite de impugnación contra un fallo previo de la Sala de Casación Penal de la misma Corte. La acción de tutela fue presentada en defensa del derecho fundamental al debido proceso y a la libertad, en el marco de un proceso penal por violencia intrafamiliar agravada.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, privado de la libertad desde abril de 2024 tras una sentencia condenatoria de primera instancia, interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia. Sin embargo, pasados casi 24 meses, la apelación no había sido resuelta, lo que motivó la presentación de la tutela solicitando la protección de sus garantías procesales y la libertad provisional mientras se dicta la decisión de fondo. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Fusagasugá y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas respondieron que la tardanza se debía a la congestión judicial y a la priorización de expedientes con términos prescriptivos inminentes. La Procuraduría Judicial Penal de Bogotá apoyó la petición de tutela, pero reconoció que la complejidad del caso no justificaba la demora prolongada.

Consideraciones centrales de la sentencia

La Corte Suprema destacó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional para proteger derechos fundamentales frente a actuaciones u omisiones de autoridades públicas, cuando no existen otros medios judiciales efectivos. En materia de mora judicial, la jurisprudencia señala que sólo procede cuando la demora es injustificada, es decir, cuando no existe causa objetiva que la explique. En el caso concreto, la Corte encontró que la demora para resolver la apelación no obedeció a negligencia o indiferencia, sino a la carga procesal y la distribución interna de expedientes según turnos, factores que constituyen causas objetivas y razonables. Por tanto, no se configuró una vulneración del derecho al debido proceso. Respecto a la solicitud de libertad inmediata, la Corte recordó que la privación de la libertad está sustentada en la sentencia condenatoria de primer grado, que aunque apelada, mantiene vigente la restricción debido a la negación de beneficios procesales conforme al artículo 450 del Código de Procedimiento Penal.

Decisión final

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia impugnada que negó la tutela solicitada. La providencia ordena comunicar la decisión a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta sentencia reafirma los criterios jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la tutela para casos de mora judicial, destacando la importancia de evaluar las circunstancias específicas que expliquen la demora y protegiendo así el equilibrio entre la garantía del debido proceso y la gestión judicial razonable. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.