Proyecto de decreto presidencial sobre gestión del riesgo en aglomeraciones de público
Proviene de: Proyectos de Decreto
9 de julio de 2026 15:7:17
Contexto y marco normativo del proyecto
El proyecto de decreto, publicado en 2026 por la Presidencia de la República de Colombia, buscaría complementar el Decreto 1081 de 2015 —Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia— en materia de gestión del riesgo de desastres. Su objeto sería reglamentar las actividades formales que impliquen aglomeraciones de público, tanto en espacios abiertos como cerrados, con base en las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 y sus modificaciones recientes. Además, se propondría la derogatoria expresa del Decreto 3888 de 2007, que quedó sin efecto por el nuevo marco legal.
El proyecto se fundamentaría en la responsabilidad compartida que tienen las autoridades públicas y la sociedad en la gestión del riesgo, conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y las competencias constitucionales conferidas al Presidente de la República y a los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones. También consideraría las sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la seguridad en eventos públicos y la protección de los derechos fundamentales.
Propósito y alcance del proyecto
El propósito principal sería establecer un marco regulatorio claro y actualizado para la planificación, organización, aprobación, ejecución y supervisión de actividades públicas y privadas que impliquen aglomeraciones de público, distinguiendo entre aglomeraciones complejas y no complejas según su nivel de riesgo.
El decreto aplicaría a personas naturales y jurídicas, entidades públicas y privadas, administraciones municipales y distritales, consejos de gestión del riesgo, responsables de espacios físicos y organizadores de eventos en todo el territorio nacional.
Las actividades incluidas abarcarían espectáculos deportivos, eventos de fútbol profesional, artes escénicas, ferias, festivales, congresos, procesiones religiosas, eventos políticos y...
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.