Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado en 2026 por el Ministerio de Educación Nacional, buscaría modificar el Decreto 1075 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Esta iniciativa se enmarcaría en las facultades constitucionales y legales del Gobierno Nacional para regular los servicios educativos, en especial los ofrecidos por establecimientos no oficiales. El decreto vigente definía “cobros periódicos” como pagos voluntarios y recurrentes por servicios como transporte, alojamiento y alimentación. Sin embargo, la categoría denominada “otros cobros periódicos” había generado confusión y diversas interpretaciones debido a su falta de definición clara.

Propósito y alcance del proyecto

El proyecto de decreto tendría como objetivo principal clarificar y delimitar la naturaleza de los “otros cobros” que pueden efectuar los establecimientos educativos privados. Se buscaría eliminar la palabra “periódicos” para evitar que se confunda esta categoría con pagos regulares, como la matrícula o pensión. En cambio, los “otros cobros” se entenderían como pagos adicionales, no periódicos, vinculados directamente a servicios educativos complementarios. Los sectores afectados serían los establecimientos educativos privados no oficiales y las familias que deben asumir estos cobros. La intención sería proteger a la comunidad educativa de cobros indebidos o arbitrarios que no estén relacionados con la prestación directa del servicio educativo.

Modificaciones propuestas y criterios específicos

Entre los cambios relevantes, el proyecto definiría con precisión:

• Valor de matrícula: pago anticipado anual, máximo el 10% de la tarifa anual adoptada por el establecimiento.
• Valor de la pensión: pago anual que cubre todos los servicios educativos, excluyendo los cobros periódicos definidos.
• Cobros periódicos: pagos...