Contexto y Propósito del Decreto
El Decreto 0698 de 2026, emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el 7 de julio y publicado en el Diario Oficial No. 53.547, adiciona un artículo al Capítulo 4 y crea el Capítulo 11 en el Título 6 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, que regula el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Su propósito principal es establecer un programa especial para la adquisición y dotación de tierras a pueblos y comunidades indígenas, reconociendo y garantizando sus derechos territoriales, autonomía, autodeterminación e integridad cultural.
Esta medida responde a la necesidad de robustecer el acceso a la tierra como factor productivo y como elemento esencial para el desarrollo integral y la reparación de comunidades indígenas, especialmente aquellas víctimas del conflicto armado. Además, se enmarca en el cumplimiento de disposiciones constitucionales, legales y convencionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991, que protegen los derechos colectivos sobre tierras indígenas.
Medidas y Disposiciones Establecidas
El decreto establece que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), o quien haga sus veces, será la entidad encargada de ejecutar el programa especial, aplicando un enfoque indígena y de protección reforzada. Entre las principales acciones se destacan:
- Adquisición directa de predios o mejoras mediante compra voluntaria o negociación, según los procedimientos de la Ley 160 de 1994 y la Ley 2294 de 2023.
- Ejercicio de la opción privilegiada de compra en zonas priorizadas para la reforma agraria.
- Priorización de pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, desplazamiento o despojo, con rutas de atención diferencial y coordinación con entidades de reparación y restitución territorial.
- Conformación y gestión integral de expedientes administrativos con todos los documentos y soportes relacionados.
- Garantía de trazabilidad y gestión documental responsable para evitar la reiteración innecesaria de solicitudes de información.
- Posibilidad de entrega provisional de predios para asegurar derechos territoriales y protección cultural, previo registro en el folio de matrícula inmobiliaria.
- Seguimiento continuo de los procedimientos a través de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), con informes semestrales y transparencia mediante página web.
Además, se adiciona un artículo que obliga a la ANT a cumplir estrictamente los términos establecidos en los procedimientos administrativos, con sanciones disciplinarias en caso de mora injustificada que afecte a comunidades étnicas.
Ámbito de Aplicación e Implicaciones
El decreto tiene aplicación nacional y afecta directamente a pueblos y comunidades indígenas que carecen de tierras o cuyas tierras sean insuficientes para garantizar su desarrollo integral. También impacta a la Agencia Nacional de Tierras y a las entidades vinculadas a la política agraria y de reparación territorial.
Esta regulación contribuye a avanzar en la garantía de derechos territoriales colectivos, la seguridad jurídica sobre la tierra, y la promoción de una reforma agraria incluyente y con enfoque étnico. Además, fortalece la participación y el respeto a la autonomía indígena, en consonancia con la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Colombia.
Base Legal, Vigencia y Modificaciones
La expedición del decreto se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, leyes nacionales como la Ley 160 de 1994, la Ley 21 de 1991, la Ley 2294 de 2023, y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Protocolo de San Salvador. El decreto entra en vigencia a partir de su publicación y adiciona capítulos y artículos al Decreto 1071 de 2015, sin derogar disposiciones previas, sino complementándolas para robustecer la política pública en materia de acceso a tierras para pueblos indígenas.
Se destaca que el decreto fue sometido a consulta pública entre el 10 y 25 de diciembre de 2025, sin recibir observaciones, y que su seguimiento se realizará en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Este nuevo marco normativo representa un avance significativo en la política agraria y la protección de los derechos territoriales indígenas, con implicaciones directas para las comunidades beneficiarias y las entidades estatales responsables de su ejecución y supervisión. Así, se espera que el Programa Especial de Compra de Tierras contribuya a consolidar la paz, la justicia social y el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en Colombia.
