Providencia judicial en la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en única instancia, emitió un auto el 22 de junio de 2026, mediante el cual se resolvió el recurso de súplica interpuesto contra un auto de fecha 16 de enero de 2026 que había rechazado un recurso extraordinario de revisión. Este recurso fue promovido en el marco de un proceso de reparación directa contra la Superintendencia de Notariado y Registro, en relación con un supuesto error administrativo registral ocasionado por un funcionario del municipio de El Espinal.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda inicial fue presentada en marzo de 2012, reclamando indemnización por perjuicios derivados de la expedición de una resolución administrativa que afectó la inscripción de un remate, con consecuencias sobre un inmueble conocido como Hacienda Flandes. En primera instancia, un tribunal administrativo declaró la caducidad y la indebida escogencia de la acción. Posteriormente, en mayo de 2024, la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado modificó dicha sentencia, declarando la ineptitud sustantiva de la demanda por la vía escogida, indicando que el medio de control adecuado era el de nulidad y restablecimiento del derecho. En marzo de 2025, la recurrente interpuso recurso extraordinario de revisión contra esta sentencia, el cual fue declarado inadmisible inicialmente por no haber subsanado ciertos defectos formales: aportar copia de la sentencia y constancia de ejecutoria, indicar el canal digital para notificaciones y allegar constancia de envío del recurso a la contraparte. Aunque se presentaron escritos de subsanación dentro del término concedido, el despacho sustanciador consideró que no se acreditó el envío del recurso a la entidad demandada, por lo que se rechazó el recurso.

Consideraciones jurídicas y razón principal de la decisión

La Sala Doce Especial de Decisión revisó la procedencia del recurso de súplica interpuesto contra el auto de inadmisión. Se destacó que el recurso extraordinario de revisión debe ser admitido cuando la parte recurrente subsane las falencias advertidas dentro del plazo legal. En este caso, aunque la constancia de envío del recurso a la Superintendencia de Notariado y Registro no fue aportada oportunamente al expediente, se acreditó que dicho envío se realizó materialmente dentro del término otorgado para subsanar. La Sala enfatizó la importancia de aplicar los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de acceso a la administración de justicia, evitando que rigorismos procesales imposibiliten la solución de controversias. Se recordó que el juez debe interpretar la demanda de manera integral y contextualizada, con el fin de garantizar el derecho sustancial y no obstaculizar el acceso a la justicia por defectos formales menores. En consecuencia, la Sala revocó el auto que rechazó el recurso extraordinario de revisión para que se proceda al estudio de admisibilidad del mismo, con la documentación aportada en el recurso de reposición. Se aclaró que esta revocatoria no implica que la parte pueda completar la subsanación en esta etapa, sino que se valoró que el requerimiento material fue cumplido dentro del plazo inicialmente establecido.

Implicaciones de la decisión

Esta providencia pone de manifiesto la relevancia de equilibrar las exigencias formales procesales con la garantía de acceso a la justicia material, especialmente en recursos extraordinarios de revisión. Asimismo, reafirma la competencia del Consejo de Estado para revisar decisiones de admisión en recursos de esta naturaleza y la importancia de una interpretación judicial que favorezca la solución de fondo de los conflictos jurídicos. Finalmente, el expediente fue devuelto al despacho de origen para continuar con el trámite correspondiente, tras la revocatoria del auto de inadmisión. La decisión fue adoptada por mayoría en sesión de la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado, garantizando la autenticidad e integridad del proceso judicial y asegurando el respeto a los derechos procesales de las partes involucradas.