Contexto y tribunal que profiere la decisión
La providencia objeto de análisis fue emitida por la Sección Segunda - Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia. El proceso se tramita dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con relación a la solicitud de reconocimiento de una pensión de gracia. La decisión corresponde a un auto fechado el primero de julio de 2026.
Antecedentes fácticos y procesales
El caso tiene su origen en una demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y otras entidades territoriales, interpuesta por un docente que solicitó el reconocimiento de una pensión de gracia. Tras una sentencia inicial del Tribunal Administrativo de Boyacá, la parte demandante interpuso recurso de apelación en la segunda instancia.
En dicho recurso, la parte actora anexó diversos documentos administrativos expedidos en la década de 1990 por autoridades departamentales y municipales, y solicitó la práctica de pruebas dirigidas a certificar aspectos relacionados con su vinculación laboral y dependencia con entidades educativas a nivel nacional, departamental y municipal.
Previamente, el Tribunal Administrativo de Boyacá ya había decretado oficios similares y negado solicitudes adicionales de pruebas por considerarlas extemporáneas y repetitivas. Frente a esto, la parte demandante intentó nuevamente la práctica de pruebas en la segunda instancia.
Consideraciones del Consejo de Estado y fundamentos jurídicos
El Consejo de Estado evaluó la solicitud de pruebas presentadas a instancia de parte y determinó que no cumplían con los requisitos del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Entre las razones se destacó que la solicitud no había sido presentada en primera instancia, no fue pedida por ambas partes, no se relacionaba con hechos posteriores a la etapa probatoria inicial y no se acreditó impedimento para solicitarla oportunamente.
Por lo anterior, la Sala negó el decreto de pruebas solicitado por la parte actora en apelación. Sin embargo, atendiendo a los principios de eficiencia, economía procesal y celeridad, y conforme al inciso primero del artículo 213 del CPACA, el tribunal decretó de oficio ciertos documentos administrativos que, a pesar de haber sido aportados con la apelación, se consideraron necesarios para el esclarecimiento de la verdad material.
Asimismo, la providencia ordena la incorporación completa al expediente de todos los documentos y memoriales que obren en plataformas electrónicas o en custodia de otras autoridades, en cumplimiento del artículo 122 del Código General del Proceso (CGP) y las disposiciones de la Ley 270 de 1996.
Finalmente, se otorgó a las partes un plazo común de diez días para presentar alegatos por escrito, una vez notificada la providencia, y se reconoció personería adjetiva a la abogada designada como apoderada judicial sustituta de una de las entidades demandadas.
Resumen de la resolución
- Se negó la práctica de pruebas a instancia de parte por no cumplir con los requisitos legales establecidos en el CPACA.
- Se decretaron de oficio documentos administrativos relevantes para el proceso, garantizando el derecho a la verdad material.
- Se ordenó la incorporación completa de documentos electrónicos al expediente, en cumplimiento de la normativa procesal vigente.
- Se autorizó a las partes para presentar alegatos escritos en un término común de diez días.
- Se reconoció la personería adjetiva de la abogada sustituta de una de las entidades demandadas.
Esta providencia refleja la importancia que el Consejo de Estado otorga a la adecuada administración de la prueba, el respeto de los principios procesales y la aplicación estricta de las normas para garantizar un debido proceso en materia contenciosa administrativa. Con esta decisión, se reafirma el compromiso del tribunal con la transparencia y la justicia, asegurando que los procesos se desarrollen bajo los más altos estándares legales y éticos.
