Contexto y antecedentes del caso

La providencia fue emitida por la Sección Tercera, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en calidad de instancia superior, sobre un recurso de apelación interpuesto contra un auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El proceso judicial se originó por una demanda presentada por una empresa pública de acueducto y alcantarillado contra un consorcio constructor, a quien se le atribuyó el incumplimiento de contrato para la ejecución de obras en un corredor ambiental. El contrato en cuestión, pactado en 2018 con un valor superior a los doce mil millones de pesos y un plazo inicial de diez meses, sufrió modificaciones y suspensiones por la pandemia de Covid-19, extendiendo la ejecución a más de veinte meses. A pesar de ello, las obras solo alcanzaron un avance del 68.71%, situación que motivó la demanda para que se declarara la responsabilidad del consorcio y se ordenara la devolución de anticipos y pago de perjuicios. Durante el proceso, la empresa demandante llamó en garantía a una aseguradora vinculada mediante pólizas de cumplimiento y presentó diversas pruebas documentales y testimoniales para sustentar sus pretensiones. El consorcio y la aseguradora contestaron la demanda, formularon excepciones y solicitaron pruebas adicionales, incluyendo testimonios y un dictamen pericial contable.

Decisión judicial y fundamentos

En la audiencia inicial celebrada en septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó algunas pruebas, como interrogatorios a representantes legales del consorcio, pero negó otras solicitudes, entre ellas varios testimonios y la exhibición de documentos requeridos por la aseguradora, argumentando que la información podía obtenerse mediante derecho de...