Providencia emitida en segunda instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en ejercicio de la segunda instancia, profirió un auto con el fin de resolver irregularidades detectadas en el trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta acción fue instaurada contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por el reconocimiento y pago de diferencias salariales y prestacionales relacionadas con la prima especial de servicios establecida en la Ley 4ª de 1992.
Antecedentes del caso
El proceso se originó a partir de una demanda presentada por una juez de la República, quien solicitó el pago de la prima especial de servicios adeudada desde 1993, la reliquidación de las prestaciones sociales con base en esta prima y la declaración de que esta prima no tiene carácter salarial, salvo para efectos pensionales.
El Tribunal Administrativo del Tolima accedió a la demanda y condenó a la Rama Judicial al pago de las sumas reclamadas. En apelación, la Rama Judicial sostuvo que la prima no tiene carácter salarial completo y que su régimen debe ser fijado por el Gobierno Nacional, además de argumentar que el cargo de juez de la República no estaba incluido entre los beneficiarios de la prima según el Decreto 618 de 2007.
Durante el trámite, se produjo la acumulación del proceso con otros relacionados con el reconocimiento de bonificaciones por compensación, originando la incorporación errónea de una sentencia proferida el 15 de diciembre de 2020 que resolvió casos de magistrados de tribunal, pero no el de la jueza demandante.
Consideraciones y razón principal de la decisión
El Consejo de Estado examinó las actuaciones procesales y constató que la acumulación y la inclusión de la sentencia mencionada en el expediente original constituyeron una irregularidad. Dicha decisión afectó el adecuado trámite del proceso y la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones específicas de la demandante.
En virtud del principio de eficacia procesal y los derechos constitucionales de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, la Sala ordenó:
- El desglose de la sentencia del 15 de diciembre de 2020 y documentos relacionados (edicto, constancia de ejecutoria y oficios), para separarlos del expediente correspondiente a la jueza demandante.
- Dejar parcialmente sin efectos el auto de notificación relacionado con dicha sentencia.
- Negar la solicitud de declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial, considerando que la entidad presentó argumentos sustanciales que deben ser analizados en segunda instancia.
- Disponer que, una vez ejecutoriada esta providencia, el expediente sea remitido para dictar sentencia sin necesidad de nuevos traslados, permitiendo al Ministerio Público emitir concepto previo.
Este auto reafirma la importancia de garantizar el correcto trámite procesal y la resolución judicial de las controversias, evitando que errores formales afecten el derecho de las partes a una decisión de fondo.
Esta decisión del Consejo de Estado refleja la atención judicial a la correcta administración de los procesos contencioso-administrativos y el respeto a los derechos laborales y procesales de los servidores públicos, en particular de los jueces de la República que reclaman derechos derivados de la legislación vigente, asegurando así la transparencia y la justicia en el manejo de sus reclamaciones.
