Contexto y antecedentes del caso

El proceso judicial se originó a partir de una demanda ordinaria laboral interpuesta por un conductor de planta de tratamiento de aguas en contra de dos sociedades de servicios públicos. El trabajador solicitó que se declarara la ineficacia de su despido, argumentando la falta de cumplimiento del proceso disciplinario previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, y en subsidio, que se reconociera la indemnización por despido injustificado. Según la demanda, el contrato a término fijo fue celebrado en mayo de 2019 y prorrogado en marzo de 2020. El despido se notificó mediante una circular en diciembre de 2020, alegando que el trabajador había realizado amenazas contra su superior jerárquico a través de mensajes de texto, voz y conversaciones personales, lo que motivó la apertura de un proceso disciplinario. El demandante manifestó que no se respetaron las garantías del debido proceso ni el derecho de defensa, dado que no se le permitió controvertir adecuadamente las pruebas presentadas en su contra.

Decisión de primera instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello absolvió a las sociedades demandadas de todas las pretensiones del trabajador. El juez valoró la prueba testimonial y documental, incluyendo las citaciones a descargos, actas, el reglamento interno y los recursos interpuestos, concluyendo que la conducta imputada —amenazas contra un superior— estaba calificada como falta grave en el RIT y que el procedimiento disciplinario cumplió las formalidades del debido proceso. Se destacó que el trabajador tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, controvertir pruebas y aportar elementos al proceso, pero que no aprovechó...