Propósito y objetivo principal del proyecto

El proyecto de resolución tiene como propósito general delimitar de manera participativa el Área de Páramos Cruz Verde - Sumapaz, ubicada en varios municipios de los departamentos de Cundinamarca, Huila, Meta y en localidades de Bogotá, con una extensión aproximada de 314.706,9 hectáreas. Su objetivo principal es garantizar la protección, conservación y manejo sostenible de este ecosistema, considerado el páramo de mayor área en el mundo y crucial para la regulación hídrica y la biodiversidad nacional, mediante un proceso que incorpora la participación de comunidades campesinas, indígenas y demás actores locales y regionales.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto establece la delimitación exacta del área de páramo conforme a la cartografía científica a escala 1:25.000 entregada por el Instituto Alexander von Humboldt y los estudios técnicos elaborados por la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental. Se adoptan lineamientos para la zonificación y determinación del régimen de usos, que deberán ser desarrollados por las autoridades ambientales regionales y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigencia. Se prohíben en el área delimitada actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, construcción de refinerías de hidrocarburos, nuevas vías, uso de maquinaria pesada en actividades agropecuarias, fumigación con agroquímicos, tala no autorizada, introducción de organismos genéticamente modificados y cualquier uso incompatible con la conservación del ecosistema. Además, se establecen programas progresivos de sustitución y reconversión de actividades agropecuarias de alto impacto, que deben ser diseñados y ejecutados en coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las entidades territoriales y las corporaciones autónomas regionales. El proyecto introduce un enfoque diferencial campesino como criterio transversal, reconociendo al campesinado paramuno y a los habitantes tradicionales del páramo como sujetos de especial protección constitucional. Se garantiza una participación amplia, pública, eficaz, deliberativa e incidente, que incluye mecanismos de educación ambiental con pedagogía campesina y reconocimiento de las formas organizativas locales.

Medidas específicas y sistema de fiscalización

Se crea un Sistema de Fiscalización que articula autoridades ambientales, entidades territoriales, entidades públicas competentes y comunidades, para gestionar integralmente la información, promover la transparencia, la participación efectiva y el control social, sin modificar competencias legales de inspección, vigilancia o sanción. Este sistema operará mediante la radicación y atención de alertas sobre actividades prohibidas, con mecanismos de reporte y divulgación pública a través de un "Muro de Cristal". Asimismo, se conformará una Instancia de Coordinación como espacio permanente de articulación entre autoridades gubernamentales de distintos niveles y representantes de comunidades campesinas, indígenas, acueductos comunitarios, organizaciones ambientales, mujeres y jóvenes campesinos, con funciones de seguimiento, coordinación y articulación para la implementación de la resolución y la gobernanza del páramo. Se establece un modelo de financiación que integra recursos públicos y privados, incentivos ambientales y agropecuarios, y mecanismos financieros que promueven la conservación, restauración y reconversión productiva, con participación activa de las comunidades y municipios del área.

Impacto y alcance potencial

El proyecto busca fortalecer la protección de un ecosistema vital para la regulación del ciclo hídrico, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, beneficiando a aproximadamente el 85% del agua potable del país y a las comunidades urbanas y rurales que dependen de este recurso. Al establecer medidas claras y mecanismos participativos, se promueve la justicia socioambiental y la sostenibilidad, equilibrando la conservación con la garantía de derechos del campesinado y habitantes tradicionales, en línea con la Constitución y normas nacionales e internacionales.

Participación de actores clave

El proceso de delimitación y las medidas adoptadas han sido desarrollados en cumplimiento de una sentencia judicial que ordenó un proceso participativo amplio, público, deliberativo y eficaz, conforme a los estándares constitucionales. Durante las distintas fases se realizaron más de un centenar de reuniones y jornadas de consulta e iniciativa, con la participación de cerca de tres mil asistentes, entre comunidades campesinas, indígenas, autoridades ambientales, entidades territoriales, organismos de control y organizaciones sociales. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lidera la coordinación con entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las corporaciones autónomas regionales, la Secretaría Distrital de Ambiente, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y otras organizaciones, para asegurar la implementación efectiva de la resolución y el respeto a los derechos de las comunidades.