La demanda cuestionó el parágrafo 2° y el parágrafo 4° del artículo 3°, el artículo 34 (parcial), el parágrafo 3° del artículo 48 y el artículo 67 de la Ley 2421 de 2024, señalando que estas disposiciones podrían vulnerar derechos constitucionales como la igualdad, la paz, las garantías transicionales y el debido proceso, además de afectar el acceso a la reparación integral de víctimas del conflicto armado. Entre los principales cargos se encuentran la exclusión de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley de ser considerados víctimas para efectos de medidas especiales de reparación, la creación de una ruta restaurativa de indemnización que podría generar negociaciones asimétricas y la falta de claridad en el procedimiento para la inclusión de víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en el Registro Único de Víctimas (RUV). El magistrado sustanciador inicialmente inadmitió la demanda por falta de certeza, especificidad y suficiencia en los argumentos presentados, señalando que algunos cargos repetían debates ya resueltos en la Sentencia C-253A de 2012 y que no se generaba una duda mínima sobre la constitucionalidad de las normas. Sin embargo, tras la corrección de la demanda y la presentación del recurso de súplica, la Sala Plena consideró que el auto de rechazo había efectuado un análisis anticipado de fondo en la etapa de admisibilidad, especialmente en lo referente a la vigencia de la cosa juzgada constitucional y la concurrencia normativa en la inclusión en el RUV. La Corte determinó que...