La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias, resolvió un conflicto aparente de competencia suscitado entre un tribunal administrativo y un juzgado laboral respecto a la acción de tutela presentada contra la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El caso se originó cuando un ciudadano interpuso acción de tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, solicitando que se ordenara a la entidad demandada responder una petición y cumplir con sentencias previas que reconocían el pago de una prima especial. El tribunal administrativo inicialmente asignado remitió el asunto a los jueces del circuito, argumentando que las reglas de reparto administrativas establecen que las tutelas contra autoridades nacionales deben tramitarse ante jueces del circuito. Por su parte, el juzgado laboral se abstuvo de conocer la tutela, sosteniendo que dichas reglas administrativas no constituyen fundamento válido para rechazar competencia y que debía prevalecer el factor territorial y el criterio “a prevención”.

Análisis de la Corte Constitucional

En su análisis, la Corte Constitucional recordó que los conflictos de competencia en materia de tutela, por regla general, corresponden a las autoridades judiciales señaladas en la Ley 270 de 1996, pero que su competencia es residual y debe privilegiar los principios de celeridad y sumariedad propios de la acción de tutela. Además, señaló que los factores de asignación de competencia en esta materia son el territorial, el subjetivo y el funcional, conforme a la Constitución y el Decreto 2591 de 1991. La Corte concluyó que las reglas de reparto establecidas en el Decreto 1069 de 2015 y sus modificaciones no pueden usarse para que los jueces se aparten del conocimiento de las acciones de tutela, pues son reglas administrativas y no de competencia judicial. Por ello, determinó que corresponde al tribunal administrativo resolver la acción de tutela, dado que fue la primera autoridad judicial a la que se asignó el conocimiento del asunto.

Decisión y repercusiones

Finalmente, la Sala Plena dejó sin efecto el auto mediante el cual el tribunal se declaró incompetente y le advirtió que en adelante debe abstenerse de fundamentar dicha falta de competencia en las reglas de reparto administrativas, y debe decidir conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia. Esta decisión reafirma la importancia de respetar los criterios legales y jurisprudenciales para garantizar un acceso efectivo y oportuno a la justicia constitucional en Colombia. Así, se fortalece el marco normativo que asegura que las acciones de tutela sean tramitadas con prontitud y conforme a los principios que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos.