Contexto y antecedentes del caso

En agosto de 2025, en el marco de un procedimiento policivo por maltrato animal, se aprehendieron tres animales de compañía en una vivienda del barrio Samaria en Manizales. La aprehensión fue realizada por el Grupo de Atención y Rescate Animal (GARA) con apoyo policial, tras constatarse condiciones inadecuadas de tenencia, como hacinamiento, falta de ventilación y restricción de movilidad. Los animales fueron trasladados a la Unidad de Protección Animal (UPA), donde recibieron atención veterinaria y cuidados adecuados. El presunto infractor presentó una acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales, como la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad, la unidad familiar y el debido proceso, debido a la aprehensión y a la exigencia de asumir elevados costos de manutención para la restitución de los animales, así como la amenaza de declaratoria de abandono y adopción.

Procedimiento policivo y participación del afectado

La controversia se desarrolla en el marco de un proceso verbal abreviado por maltrato animal, regulado por la Ley 84 de 1989 y sus modificaciones, que establece un procedimiento administrativo oral, gratuito y con garantías de contradicción, diseñado para resolver situaciones de maltrato con celeridad y eficacia. Durante este proceso, el interesado ha tenido conocimiento y ha participado activamente, incluso contando con apoderada judicial. Se programó una audiencia pública para marzo de 2026, en la que podía presentar pruebas y controvertir las decisiones. No obstante, no asistió a dicha audiencia sin justificar válidamente su ausencia, lo que fue valorado y rechazado por la autoridad competente.

Decisión y fundamentos de la Corte Constitucional

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