La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha emitido un concepto jurídico respecto a la aplicación del régimen tarifario en contratos de operación celebrados con base en resoluciones anteriores, en especial las CRA 287 de 2004 y 345 de 2005. Los contratos de operación analizados establecen, mediante cláusula contractual, la sujeción a la metodología tarifaria vigente al momento de su firma, es decir, las mencionadas resoluciones de 2004 y 2005. Sin embargo, estas normativas fueron derogadas por la Resolución CRA 825 de 2017, que introdujo un nuevo régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Aplicación de la regulación más reciente

De acuerdo con el artículo 2.1.1.1.1.1 de la Resolución CRA 943 de 2021, vigente a la fecha, cuando un contrato pacta sujetarse a la metodología tarifaria expedida por la CRA, debe aplicarse la regulación más reciente. Por lo tanto, los contratos celebrados bajo resoluciones anteriores deben ajustarse a la metodología vigente. En marzo de 2026 se emitió la Resolución CRA 1032, que actualiza la metodología tarifaria y establece un nuevo ámbito de aplicación. Prestadores que cumplan con ciertos criterios, como el número de suscriptores en áreas urbanas y rurales, deberán adoptar esta nueva metodología.

Orientaciones del concepto jurídico

En el concepto, la Oficina Asesora Jurídica aclara que si un prestador estaba aplicando la Resolución CRA 825 de 2017 y cumple con las condiciones de la Resolución CRA 1032 de 2026, deberá aplicar esta última normativa conforme al parágrafo 5 del artículo 2.1.2.1.1.1 de la Resolución CRA 943 de 2021. En conclusión, los contratos de operación suscritos bajo la vigencia de las resoluciones CRA 287 y 345, que pactaron sujeción al régimen tarifario vigente, deben aplicar la metodología prevista en la Resolución CRA 825 de 2017. No obstante, si cumplen con los requisitos del nuevo ámbito de aplicación, deberán adoptar la metodología contenida en la Resolución CRA 1032 de 2026, ajustando sus condiciones contractuales y tarifarias según este nuevo marco regulatorio. Este pronunciamiento es una orientación general y no tiene carácter vinculante. Las partes contractuales podrán considerar y aplicar lo que estimen pertinente conforme a sus acuerdos.

Impacto y recomendaciones

La actualización normativa busca garantizar que la regulación tarifaria se mantenga acorde con las condiciones actuales del sector de servicios públicos domiciliarios, promoviendo la adecuación contractual y la protección de los derechos de los usuarios. Con este cambio, los prestadores deben revisar sus contratos y tarifas para asegurar la correcta aplicación de la normativa vigente y evitar posibles controversias regulatorias en el futuro. Asimismo, se recomienda mantener un seguimiento continuo de las actualizaciones normativas para garantizar la transparencia y eficiencia en la prestación de los servicios.