La Superservicios, a través de su Oficina Asesora Jurídica, resolvió una consulta relativa al procedimiento administrativo para la recuperación de energía dejada de facturar. El concepto se enmarca en la competencia institucional para absolver consultas jurídicas externas relacionadas con el régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Garantías del debido proceso en el procedimiento administrativo

El documento enfatiza que el cobro de energía dejada de facturar no es un procedimiento autónomo, sino que surge como consecuencia de un incumplimiento contractual del usuario. En este contexto, las empresas pueden suspender o cortar el servicio y realizar el cobro, siempre respetando el debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994. El debido proceso implica que el usuario conozca los medios de prueba, los plazos para ejercer su defensa, la metodología para determinar el consumo no facturado y las formas de notificación con indicación de recursos. Esto garantiza que el usuario pueda ejercer efectivamente su derecho de defensa antes de que el valor sea incluido en la factura.

Notificación y corrección de irregularidades

Respecto a irregularidades en la notificación dentro del procedimiento administrativo, la Superservicios señala que estas no generan automáticamente la suspensión o interrupción de los términos procesales. Sin embargo, el prestador puede retrotraer o sanear la actuación administrativa para corregir dichas irregularidades, siempre antes de la expedición del acto administrativo definitivo y respetando los principios de eficacia, seguridad jurídica y razonabilidad. La falta o irregularidad en la notificación afecta la eficacia del acto administrativo, pero no su validez. Por tanto, las actuaciones válidamente surtidas...