Contexto y propósito del Decreto 0772 de 2026

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió el Decreto 0772 de 2026, publicado en el Diario Oficial No. 53.556 el 17 de julio de 2026, con el objetivo de modificar los Capítulos 1, 2 y 6 del Título 2, de la Parte 3, del Libro 2, del Decreto número 1077 de 2015, y dictar otras disposiciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos en Colombia. Este decreto nace en un contexto de creciente preocupación por la eficiencia en la prestación del servicio público de aseo, la reducción de la disposición final de residuos, el impulso a la economía circular y el cumplimiento de metas nacionales en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El decreto responde a las obligaciones constitucionales en materia de servicios públicos, así como a compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París y las directrices de la ONU sobre gestión sostenible de residuos. Además, se enmarca en la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Programa Basura Cero adoptado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Medidas y disposiciones principales

El decreto establece una serie de definiciones técnicas y operativas para mejorar la claridad normativa del servicio público de aseo. Entre ellas, se definen conceptos como aforo de residuos, residuos sólidos orgánicos y no aprovechables, rutas selectivas de recolección, áreas verdes públicas, zonas palafíticas y más. Se reglamentan con detalle las actividades de recolección y transporte selectivo de residuos sólidos orgánicos, exigiendo que estas sean realizadas por prestadores registrados y que los residuos sean trasladados a sitios autorizados para tratamiento. Asimismo, se promueve la coordinación entre los diferentes prestadores para garantizar una recolección diferenciada y eficiente. El decreto amplía las obligaciones relativas al barrido y limpieza de vías y áreas públicas, incluyendo la instalación y mantenimiento de canastillas para residuos, y establece acuerdos obligatorios entre prestadores en áreas con múltiples operadores para evitar conflictos y mejorar la prestación del servicio. En materia de tratamiento de residuos sólidos, se establecen requisitos técnicos, operativos y administrativos para los sitios de tratamiento, con un enfoque en tecnologías que priorizan la reducción de la disposición final y el cierre de ciclos productivos bajo criterios de economía circular y acción climática. También se regula la facturación integral del servicio, que debe incluir las actividades de recolección selectiva y tratamiento, facilitando la transparencia y el control tarifario.

Ámbito de aplicación y entidades involucradas

El decreto tiene aplicación nacional y es de obligatorio cumplimiento para todas las personas prestadoras del servicio público de aseo, autoridades locales y entidades territoriales. Se establece la responsabilidad de los municipios y distritos en la planificación, identificación y habilitación de áreas para tratamiento de residuos, en coordinación con los prestadores y autoridades ambientales. También se incluyen disposiciones específicas para la prestación del servicio en zonas con características geográficas especiales, como las zonas palafíticas, permitiendo esquemas diferenciados y adaptados a las condiciones locales.

Implicaciones para la ciudadanía y entidades

Para los usuarios y ciudadanos, el decreto implica una mayor exigencia en la separación en la fuente de residuos sólidos, especialmente en la fracción orgánica, con el fin de facilitar su recolección selectiva y tratamiento adecuado. Asimismo, se garantiza el derecho a la información clara y oportuna sobre el servicio, la facturación y los mecanismos de atención de peticiones, quejas y recursos. Para las personas prestadoras del servicio, el decreto impone nuevas obligaciones técnicas, operativas y administrativas que deben ser adoptadas durante un periodo de transición de seis meses desde la publicación del decreto. Se espera que estas medidas contribuyan a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad del servicio público de aseo en todo el país.

Base legal y vigencia

El decreto se expide con fundamento en las facultades constitucionales conferidas al Presidente de la República, en especial el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en el marco normativo vigente en materia de servicios públicos domiciliarios y gestión ambiental. El decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, derogando todas las disposiciones que le sean contrarias. En suma, el Decreto 0772 de 2026 representa un avance significativo en la regulación del servicio público de aseo en Colombia, alineando la gestión de residuos sólidos con los principios de sostenibilidad ambiental, economía circular y acción climática. Estas medidas buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover el cuidado del medio ambiente, consolidando un modelo más eficiente y responsable en la gestión integral de residuos en el país.