Objeto de la norma

La resolución tiene por objeto adoptar la Política Pública de Equidad de Género del Sector Minero-Energético, contenida en un anexo técnico que incluye antecedentes, diagnóstico, enfoques, objetivos, líneas de acción y mecanismos para su implementación, seguimiento y evaluación.

Cambios normativos

• Se adopta formalmente la Política Pública de Equidad de Género del Sector Minero-Energético.
• Se establece un plan de acción como instrumento de gestión y coordinación para la implementación de esta política.
• Se define el seguimiento y evaluación del plan a cargo de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio, en articulación con otras dependencias y el Comité de Asuntos de Género.
• Se dispone que la política funciona como marco orientador y articulador para las entidades adscritas y vinculadas, así como para otras empresas del sector, conforme a sus competencias y régimen jurídico.

Obligaciones creadas

• El Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas deben incorporar progresivamente la política en el ejercicio de sus competencias.
• Deben implementar las acciones previstas en el plan de acción contenido en la memoria justificativa de la resolución.
• La Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio debe coordinar el seguimiento y evaluación anual del plan, elaborando informes que sirvan para la articulación sectorial.
• El Ministerio podrá actualizar el plan de acción con la concertación de las entidades involucradas, sin modificar el objeto o alcance de la política adoptada.
• La implementación será financiada con apropiaciones presupuestales del Ministerio y sus entidades adscritas, de acuerdo con el marco fiscal y de gasto de mediano plazo, sin perjuicio de otras fuentes de financiación.

Ámbito de aplicación

La resolución aplica al Ministerio de Minas y Energía y a sus entidades adscritas, para su incorporación progresiva conforme a sus competencias y régimen jurídico. Además, constituye un marco de orientación y articulación para las entidades vinculadas y demás empresas del sector minero-energético. Los destinatarios, beneficiarios o participantes incluyen:

• Mujeres y población LGBTIQ+.
• Organizaciones sindicales del sector minero-energético.
• Dependencias del Ministerio de Minas y Energía.
• Entidades adscritas y vinculadas al sector.
• Otros actores del sector minero-energético.

Excepciones o exclusiones

No se establecen excepciones o exclusiones expresas en la resolución.

Base legal

La expedición de la resolución se fundamenta en las facultades constitucionales y legales del Ministerio de Minas y Energía, en particular el artículo 208 de la Constitución Política, los artículos 59 y 61 de la Ley 489 de 1998, y el Decreto 381 de 2012, entre otras disposiciones legales y compromisos internacionales en materia de igualdad de género y derechos laborales.

Vigencia y régimen de transición

La resolución rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. No se establece un régimen de transición adicional; sin embargo, la política se incorpora progresivamente conforme a las competencias y régimen jurídico aplicable de cada entidad.

Resumen de responsabilidades y plazos

Entidad	Obligación	Plazo
Ministerio de Minas y Energía y entidades adscritas	Incorporar la Política Pública de Equidad de Género y ejecutar el plan de acción.	Progresivamente, conforme a sus competencias.
Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio	Coordinar seguimiento y evaluación del plan de acción; consolidar informe anual.	Anualmente.
Ministerio de Minas y Energía	Actualizar el plan de acción con participación de entidades involucradas.	Según necesidad, sin modificar objeto ni alcance de la política.

Conclusión

La Resolución 40326 de 2026 representa un avance significativo en la promoción de la equidad de género dentro del sector minero-energético, estableciendo un marco claro para su implementación y seguimiento. Su adopción permitirá fortalecer la inclusión y la igualdad en un sector estratégico para el desarrollo económico y social del país, integrando a mujeres, población LGBTIQ+ y otros actores clave en procesos de toma de decisiones y desarrollo sectorial. La coordinación interinstitucional y el compromiso presupuestal serán fundamentales para el éxito de esta política pública.