La sección cuarta del Consejo de Estado, encargada de los procesos de nulidad sobre actos administrativos relacionados con impuestos y contribuciones fiscales, admitió la demanda presentada contra el Decreto 1017 de 2025. Este decreto modifica, adiciona y deroga varios artículos del capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, que regula el sector transporte. La demanda cuestiona principalmente el artículo 24 del decreto, que establece la tarifa y la base de la contribución creada por la Ley 2251 de 2022 para financiar el Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga, en particular la subcuenta destinada a la modernización del transporte de carga pesada. Este proceso judicial afecta directamente a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Transporte, como responsables de la expedición del decreto. La admisión de la demanda implica que se abrirá un período para que las entidades demandadas, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, puedan presentar contestación, proponer excepciones y solicitar pruebas en un plazo de 30 días. Además, el Consejo de Estado informó que, debido al interés general involucrado, se invitará a reconocidas facultades de derecho e instituciones especializadas en derecho tributario a aportar conceptos sobre los aspectos relevantes para la decisión. La demanda se encuentra en etapa inicial y el proceso continuará su trámite conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La publicación del auto admisorio en el sitio web del Consejo garantiza la transparencia y el acceso público a esta información. Este caso pone en revisión aspectos clave del régimen fiscal aplicado al sector transporte de carga, con implicaciones para la financiación de la modernización tecnológica del parque automotor en Colombia. Se espera que el desarrollo del proceso judicial permita esclarecer la legalidad de las modificaciones y contribuya a una regulación más equilibrada y eficiente que beneficie tanto al sector público como a los transportadores de carga.