El Consejo de Estado, en su sala de lo contencioso administrativo, negó la solicitud de suspensión provisional contra las decisiones del Banco de la República que incrementaron la tasa de interés de política monetaria al 10,25 % y 11,25 % en enero y marzo de 2026, respectivamente. Estas decisiones fueron impugnadas por presunta falta de motivación adecuada y desproporcionalidad en el aumento frente a los índices inflacionarios oficiales. El demandante argumentó que las decisiones vulneraban principios constitucionales y legales, señalando que la motivación técnica se basó en riesgos inflacionarios y expectativas elevadas que no correspondían con los datos oficiales del DANE. Además, sostuvo que la autonomía del Banco no es absoluta y debe sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales no se habrían respetado al fijar tasas superiores a la inflación, afectando sectores como vivienda, consumo, inversión y servicio de la deuda. Sin embargo, el Banco de la República se opuso a la suspensión provisional, indicando que las tasas impugnadas ya no estaban vigentes debido a la periodicidad con la que se actualiza esta variable, y destacó que las decisiones no constituyen actos administrativos susceptibles de nulidad simple. El tribunal recordó que la suspensión provisional busca evitar perjuicios irreparables mientras se resuelve la demanda, pero que esta medida pierde sentido si los actos objeto de impugnación han dejado de producir efectos, lo que se denominó “carencia de objeto por sustracción de materia”. Al verificar que la Junta Directiva del Banco ha adoptado nuevas decisiones sobre la tasa de interés desde las fechas impugnadas, y que la tasa vigente incluso alcanzó un 12 % en julio de 2026, el Consejo concluyó que las decisiones cuestionadas no generan efectos jurídicos actuales. Por ello, negó la medida cautelar solicitada. Esta decisión reafirma la importancia de la periodicidad y naturaleza técnica de las decisiones de política monetaria, y la necesidad de agotar el proceso judicial para determinar su legalidad, sin afectar la función autónoma del Banco de la República en la conducción de la economía nacional. De esta manera, se garantiza que cualquier revisión sobre las decisiones de política monetaria se realice en el marco legal correspondiente, respetando la estabilidad económica y evitando incertidumbres en los mercados financieros.