La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de su competencia constitucional, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la terminación del proceso disciplinario en favor del juez 9º penal del circuito de Medellín. La investigación se originó a partir de una compulsa de copias realizada en el marco de una vigilancia administrativa. El proceso disciplinario estaba relacionado con la demora del juez para resolver un recurso de apelación presentado en un proceso penal que se le había asignado. A pesar de que el recurso había sido formulado en agosto de 2013, el juez no emitió una resolución al respecto hasta varios años después, lo que motivó la apertura de la investigación disciplinaria. En primera instancia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia había ordenado la terminación y archivo del proceso, considerando que la acción penal estaba prescrita y, por ende, también la acción disciplinaria. Sin embargo, el Ministerio Público apeló esta decisión, argumentando que la prescripción de la acción penal no podía asimilarse automáticamente a la prescripción disciplinaria, y que la demora en resolver el recurso constituía una conducta separada que debía ser investigada. Tras analizar el caso, la Comisión Nacional concluyó que la prescripción de la acción penal efectivamente se había configurado conforme a la ley, pero que la presunta mora del juez para emitir decisión sobre el recurso de apelación seguía vigente y debía ser objeto de investigación disciplinaria. Por ello, revocó parcialmente la decisión anterior y ordenó continuar con la investigación respecto a esta conducta. El pronunciamiento se fundamentó en la interpretación del artículo 33 del Código General Disciplinario, que establece un término de prescripción de cinco años para la acción disciplinaria, y en la diferenciación entre la prescripción de la acción penal y la posible responsabilidad disciplinaria por mora judicial. Se destacó que la demora prolongada en resolver recursos judiciales puede constituir una falta disciplinaria, independientemente de la prescripción penal. La Comisión ordenó notificar esta decisión a las partes y devolver el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia para que continúe con el procedimiento correspondiente. Esta resolución reafirma el compromiso de la justicia con la celeridad y el adecuado ejercicio de las funciones judiciales, garantizando el respeto a los derechos procesales y la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales. Con esta medida, se busca fortalecer la confianza en el sistema judicial y promover la responsabilidad y eficiencia en la administración de justicia, evitando que retrasos injustificados afecten el derecho de las partes a obtener una pronta resolución de sus casos.