La Sala Dual de Decisión de Instrucción de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió archivar definitivamente el procedimiento disciplinario iniciado contra una magistrada de la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. La investigación se originó a raíz de una queja presentada por un ciudadano que denunciaba posibles actos de corrupción relacionados con el nombramiento de jueces y presuntas negociaciones irregulares en procesos judiciales. La queja señalaba la participación de la magistrada en el nombramiento de un juez municipal en Barranquilla y en la revocatoria de una medida de aseguramiento en un proceso penal. Sin embargo, tras la práctica de pruebas y análisis de la competencia territorial y funcional, la Comisión estableció que la magistrada no participó ni pudo influir en dichos actos. El nombramiento correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, instancia diferente y autónoma del Tribunal Superior de Santa Marta, y la magistrada no formó parte ni asistió a la sesión en la que se realizó la designación. Respecto a la incidencia en la revocatoria de la medida de aseguramiento, se comprobó que el proceso penal no fue de conocimiento ni competencia de la magistrada, quien ejerce funciones exclusivamente en materia civil y de familia. Además, la responsabilidad disciplinaria es personal, por lo que no puede atribuírsele la actuación de otro funcionario, aun cuando exista vínculo familiar. La Comisión también descartó las acusaciones de favorecimiento a grupos paramilitares, al no existir soporte probatorio suficiente y al constatar que la queja original fue presentada desde un correo electrónico desconocido para el denunciante. En conclusión, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó que no existió falta disciplinaria por parte de la magistrada investigada y ordenó el archivo definitivo del procedimiento, conforme a lo previsto en la Ley 1952 de 2019 y sus disposiciones complementarias. La decisión fue notificada a las partes y es susceptible de los recursos legales correspondientes. Este caso resalta la importancia de la competencia territorial y la autonomía de los tribunales en los procesos de provisión de cargos judiciales, así como la necesidad de contar con pruebas sólidas para sostener investigaciones disciplinarias. La administración de justicia requiere de funcionarios rigurosos y respetuosos de sus deberes para garantizar una justicia eficaz, imparcial y transparente. Así, se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y se promueve un ambiente de integridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.