La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de sus competencias constitucionales, resolvió el recurso de apelación presentado contra una sanción disciplinaria impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta. En primera instancia, se había declarado responsable a un abogado por ejercer como apoderado en un proceso administrativo mientras se encontraba suspendido del ejercicio profesional, sancionándolo con la suspensión del ejercicio por doce meses. El caso surgió tras la remisión de información por parte de un juzgado administrativo, que evidenció que el abogado había sustituido el poder en un proceso en junio de 2023, pese a contar con sanciones previas de suspensión vigentes. Estas sanciones comprendían períodos de nueve meses y cuatro meses de suspensión en años anteriores. En el proceso disciplinario, se reprochó que el profesional incumplió el deber previsto en el numeral 19 del artículo 28 y en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, actuando a título de dolo según el artículo 29, numeral 4, de la misma norma. Sin embargo, en el recurso de apelación se argumentó la falta de prueba sobre la culpabilidad y la ausencia de notificación efectiva de las sanciones que impedían ejercer la profesión. Tras revisar el expediente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial concluyó que no se demostró que el abogado tuviera conocimiento de las suspensiones impuestas, pues no se acreditó una notificación válida debido a la falta de registro actualizado de correo electrónico. Esta ausencia de comunicación impidió establecer el dolo requerido para la responsabilidad disciplinaria. Por ende, la Comisión revocó la sentencia de primera instancia y absolvió al abogado de la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007. La decisión resalta que la carga probatoria para una sanción disciplinaria incluye demostrar la modalidad dolosa o culposa de la conducta, lo cual no se cumplió en este caso. Esta resolución subraya la importancia de mantener actualizados los datos de contacto en el Registro Nacional de Abogados para garantizar la eficacia de las notificaciones disciplinarias y asegurar el debido proceso en este tipo de procedimientos. La decisión es definitiva y contra ella no procede recurso alguno, consolidando un precedente importante sobre la necesidad de notificaciones claras y efectivas para la imposición de sanciones en el ámbito disciplinario judicial.