La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió confirmar la providencia emitida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño que negó parcialmente la práctica de pruebas solicitadas por una fiscal y un asistente de fiscal en el marco de un proceso disciplinario por presuntas omisiones en la presentación oportuna de escritos de acusación en varias noticias criminales.

Contexto del caso

El proceso disciplinario se originó a partir de un informe presentado por la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño, que reportó el vencimiento de términos para la presentación de escritos de acusación en catorce noticias criminales en la Fiscalía Octava Seccional de Pasto. Se imputaron faltas disciplinarias graves a los dos funcionarios por presuntamente no cumplir con los deberes establecidos en la ley y los códigos constitucional y procesal penal.

Solicitudes probatorias y decisión de primera instancia

Durante la etapa de juzgamiento, la fiscal investigada solicitó diversas pruebas documentales y testimoniales para demostrar el contexto funcional y operativo de la Fiscalía durante el periodo en cuestión, incluyendo certificaciones sobre talento humano, auditorías, análisis criminal y testimonios de funcionarios relacionados con la administración del sistema SPOA y labores operativas. El magistrado de la Comisión Seccional resolvió conceder la totalidad de las pruebas solicitadas por el asistente de fiscal, pero negó varias solicitudes de la fiscal, argumentando que muchas de las pruebas carecían de relación directa con los hechos objeto de investigación, eran impertinentes, inconducentes o superfluas, y que la información solicitada ya reposaba en el expediente o podía ser obtenida por otros medios más adecuados.

Apelación y análisis en segunda instancia

La fiscal apeló la decisión alegando valoración anticipada de la prueba, falta de motivación suficiente y restricción a su derecho de defensa al negar pruebas que consideraba fundamentales para contextualizar su actuación en un entorno institucional caracterizado por una alta carga laboral y congestión estructural. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en segunda instancia, analizó los argumentos y confirmó la decisión apelada. Se destacó que el juez de primera instancia realizó un correcto análisis de conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas, en atención al pliego de cargos y las normas aplicables. Además, se señaló que la apelante no justificó adecuadamente la relevancia específica de cada prueba solicitada y que los argumentos presentados en la apelación no eran suficientes para revocar la providencia.

Criterios para la práctica de pruebas disciplinarias

Se recordó que el derecho a solicitar pruebas está condicionado por los principios de economía procesal y la necesidad de evitar que el proceso se desvíe hacia aspectos ajenos al objeto de la investigación. Las pruebas deben ser conducentes, pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. La negativa a practicar pruebas solo es procedente cuando estas sean manifiestamente impertinentes, inconducentes, superfluas o prohibidas por la ley.

Conclusión

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la negativa parcial a la práctica de pruebas solicitadas por la fiscal investigada, manteniendo la decisión que protege la eficacia y concentración del proceso disciplinario. La resolución garantiza que el derecho de defensa se ejerza dentro de los límites razonables que aseguran la pertinencia y utilidad de los medios probatorios, sin afectar la igualdad de armas ni el debido proceso. Se ordenó notificar la decisión y devolver el expediente a la Comisión Seccional de origen para continuar con el trámite del proceso disciplinario, asegurando así la continuidad y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en materia disciplinaria. De esta manera, se refuerza el compromiso institucional con la transparencia, la responsabilidad y el correcto funcionamiento del sistema judicial.