La presente actuación disciplinaria se originó a partir de una queja incoada por un sacerdote contra un abogado que actuaba como apoderado en una acción de tutela relacionada con una querella policiva ante la Inspección Quinta Urbana de Policía de Dosquebradas. El proceso disciplinario inició con la apertura formal y la realización de audiencias de pruebas y calificación provisional, en las cuales participaron el disciplinable, el quejoso y sus representantes legales. Durante estas audiencias se presentaron testimonios y pruebas documentales, incluyendo denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con una presunta retención ilegal. En primera instancia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda decretó la terminación anticipada del procedimiento contra el abogado, al considerar que no se demostraron faltas disciplinarias relacionadas con afirmaciones maliciosas o inexactas en la contestación de la acción de tutela. El apoderado del quejoso interpuso recurso de apelación, argumentando que el abogado habría realizado aseveraciones sobre la existencia de un delito sin contar con información precisa, lo que podría constituir una falta disciplinaria. También cuestionó la imparcialidad de los testigos debido a su relación contractual con el disciplinable y señaló que no se había aportado información suficiente sobre las denuncias presentadas. Al analizar el recurso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reiteró su competencia para conocer del asunto y confirmó la procedencia del recurso de apelación. Tras evaluar las pruebas y testimonios aportados, la Comisión concluyó que el abogado actuó en base a información proporcionada por su cliente y que existían evidencias que respaldaban las afirmaciones realizadas en la contestación de la tutela, incluyendo denuncias presentadas ante la Fiscalía. Asimismo, se resaltó que la valoración de la posible configuración de conductas punibles corresponde a la Fiscalía General de la Nación y que, en el ámbito disciplinario, no se encontró intención de inducir a error o desviar el criterio del funcionario judicial. La Comisión también consideró legítima la defensa del abogado ante maniobras dilatorias señaladas en el trámite administrativo. En consecuencia, se confirmó la terminación anticipada del proceso disciplinario contra el abogado, señalando que la decisión fue producto de un análisis integral y razonado de las pruebas, descartando la existencia de faltas disciplinarias. Esta resolución reafirma la importancia de respetar las garantías procesales en los procesos disciplinarios y la delimitación clara entre las competencias de las autoridades disciplinarias y judiciales en Colombia, fortaleciendo así la confianza en el sistema de justicia y en el ejercicio ético de la profesión legal.