La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió confirmar la terminación anticipada de un proceso disciplinario instaurado contra una profesional del derecho debido a un error en la digitación de la dirección electrónica consignada para notificación en una demanda ejecutiva de alimentos. El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada por un ciudadano contra la abogada, al considerar que esta había actuado de mala fe al suministrar un correo electrónico distinto al real, lo que habría impedido la notificación oportuna y afectado su derecho de defensa. Sin embargo, tras un análisis riguroso, la Comisión concluyó que el error correspondió a una equivocación involuntaria, consistente en el intercambio de dos letras en la dirección electrónica, y que no hubo intención de ocultar información ni de inducir en error a la autoridad judicial. Durante la investigación se verificó que, junto con la demanda ejecutiva, se aportaron documentos que contenían la dirección electrónica correcta, lo que desvirtúa la presunción de mala fe. Además, se destacó que una vez advertida la inconsistencia, la autoridad judicial declaró la nulidad de la notificación y de las actuaciones posteriores para garantizar el derecho al debido proceso y al ejercicio oportuno de la defensa. El fallo resaltó que los errores de digitación son situaciones humanas y que no deben considerarse automáticamente como conductas desleales o malintencionadas. La medida cautelar de embargo ordenada en el proceso ejecutivo no se vio afectada por el error en la dirección electrónica, y la nulidad decretada permitió salvaguardar las garantías procesales del demandado. Finalmente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ratificó la decisión de la instancia anterior que decretó la terminación anticipada del proceso disciplinario, reafirmando que no se acreditó la existencia de un actuar doloso por parte de la abogada involucrada. Esta resolución pone de manifiesto la importancia de la buena fe y la diligencia en el ejercicio profesional, así como la protección de los derechos fundamentales en los procedimientos disciplinarios. Con esta decisión, se fortalece la confianza en los mecanismos de control disciplinario y se reafirma el compromiso institucional con la justicia y el respeto a los derechos procesales de todas las partes.