La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante decisión del tres de junio de 2026, confirmó la sentencia proferida en agosto de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre. En esta se declaró disciplinariamente responsable a un abogado por la comisión de faltas previstas en el artículo 33.8 de la Ley 1123 de 2007 y por quebrantar deberes profesionales consagrados en los numerales 6 y 16 del artículo 28 de la misma norma. Como consecuencia, se le impuso la sanción de censura.

Contexto del caso y conducta reprochada

El caso se centró en la interposición de siete demandas de nulidad de afiliación por parte del profesional del derecho, de las cuales seis fueron retiradas posteriormente. Este comportamiento fue interpretado como un abuso reiterado y sistemático de las vías legales, que generó un entorpecimiento en el desarrollo normal del proceso judicial.

Aclaración de voto respecto al perjuicio causado

Aunque el magistrado ponente coincidió con la declaratoria de responsabilidad y la sanción impuesta, manifestó una aclaración de voto. Señaló que la primera instancia no fundamentó adecuadamente el criterio del «perjuicio causado». Este criterio exige no solo la acreditación de un daño real y concreto o una afectación cierta a los intereses de las partes involucradas, sino también que el juez disciplinario evidencie un perjuicio cierto a los derechos o intereses del cliente afectado. En el presente caso, no se demostró la consumación de tal perjuicio, por lo que el magistrado consideró necesario expresar esta precisión en la providencia aprobada. En conclusión, la aclaración de voto resalta la importancia de fundamentar debidamente el perjuicio concreto en casos de abuso de las vías de derecho para justificar sanciones disciplinarias, sin desconocer la responsabilidad del abogado en la conducta reprochada. Esta decisión contribuye a un análisis más riguroso y equilibrado en la evaluación de conductas profesionales, fortaleciendo la transparencia y justicia en los procesos disciplinarios.