La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el recurso de apelación presentado contra una sentencia que sancionó a un abogado con suspensión de dieciocho meses por violar el deber de colaborar leal y legalmente en la recta realización de la justicia, y por incurrir dolosamente en el abuso de las vías del derecho. El caso se originó a raíz de una compulsa de copias ordenada por un juzgado civil municipal en un proceso ejecutivo hipotecario, en el cual el abogado actuaba como apoderado del extremo pasivo. Se le reprochó haber presentado un total de 36 actuaciones, incluyendo nulidades, recursos de reposición y apelación, recusaciones, incidentes de ilegalidad y peticiones diversas entre abril de 2019 y enero de 2023, que generaron un retraso significativo en el trámite del proceso. Durante el proceso disciplinario, se analizaron las pruebas documentales y testimoniales aportadas, así como las intervenciones del abogado en el proceso judicial. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima concluyó que el abogado abusó de las vías del derecho con ánimo doloso, ya que persistió en presentar solicitudes infundadas y carentes de sustento legal, obstaculizando el normal desarrollo del proceso. En el recurso de apelación, la defensa argumentó que las actuaciones del abogado se ajustaron a la legalidad y estaban destinadas a proteger los intereses de su cliente, además de señalar un supuesto prejuicio del juzgador y cuestionar la valoración probatoria. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial descartó el argumento de prejuicio y confirmó que la compulsa de copias se ordenó para investigar posibles maniobras dilatorias. Señaló además que la mayoría de los recursos y solicitudes interpuestos fueron declarados improcedentes o infundados por las autoridades judiciales competentes, evidenciando un patrón de abuso. Sobre la dosificación de la sanción, la Comisión consideró que la sentencia inicial fundamentó adecuadamente los criterios legales, como la modalidad dolosa de la conducta, el perjuicio a la administración de justicia y las circunstancias del caso. Sin embargo, decidió reducir la sanción a una suspensión de doce meses, en atención a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La sanción empezará a regir a partir de la notificación correspondiente y será anotada en el Registro Nacional de Abogados. La decisión es definitiva y no admite recurso alguno. Finalmente, se remitió el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de origen para los fines de su competencia, a fin de que se dé seguimiento a las actuaciones necesarias y se garantice el cumplimiento de lo resuelto, salvaguardando así la integridad del ejercicio profesional y la correcta administración de justicia.