Subsanabilidad de requisitos habilitantes y factores que otorgan puntaje

En los procesos de selección pública, los requisitos habilitantes como la capacidad jurídica, experiencia y capacidad financiera tienen por objeto verificar la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato y, en principio, no otorgan puntaje. La falta o defectos en estos requisitos suelen ser subsanables, siempre que se trate de circunstancias ocurridas antes del cierre del proceso de selección. En contraste, los factores que otorgan puntaje constituyen la base para la comparación objetiva de las ofertas y su acreditación es responsabilidad exclusiva del proponente. La ausencia o presentación extemporánea de estos documentos impide la asignación de puntaje y no son subsanables.

Alcance del artículo 9 del Decreto Ley 019 de 2012

Este artículo prohíbe exigir a los particulares documentos que ya reposan en los archivos de la entidad donde se tramita el procedimiento, buscando racionalizar y simplificar trámites administrativos. Sin embargo, esta facultad de verificación no debe confundirse con la subsanación de la oferta. La entidad puede constatar información ya existente en sus archivos para verificar requisitos habilitantes, siempre que el proponente los haya identificado claramente, pero no debe incorporar nuevos elementos o modificar el contenido de la propuesta. En cuanto a los documentos que otorgan puntaje, la carga probatoria recae exclusivamente en el oferente, y la verificación no puede suplir la falta de acreditación ni mejorar la propuesta.

Implicaciones para la contratación estatal

La Agencia resalta que esta diferenciación busca preservar los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva. La aplicación del artículo 9 no releva al oferente de su deber de diligencia ni traslada a la entidad la carga de construir la oferta. Además, se recomienda que los pliegos de condiciones establezcan claramente los procedimientos para la verificación de documentos que reposan en la entidad, garantizando la transparencia y la trazabilidad de las actuaciones. Toda actuación de verificación debe quedar debidamente documentada en el expediente del proceso.

Conclusión

Este concepto proporciona lineamientos generales para la gestión contractual, aclarando que cada entidad debe analizar su aplicación según las particularidades de cada proceso. La resolución de casos específicos corresponde a las autoridades judiciales o fiscales competentes. La Agencia Nacional de Contratación Pública reafirma así la importancia de respetar los principios jurídicos que rigen la contratación estatal, asegurando procesos justos y objetivos para todos los participantes.