Naturaleza de la providencia y competencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en segunda instancia, conoció la impugnación contra la Sentencia de 20 de marzo de 2026, emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del mismo Consejo. La Sala declaró su competencia conforme al artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015 y el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Sentido de la decisión

• Revocar la Sentencia que declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
• Negar el amparo solicitado en la acción de tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo regional.
• Remitir copia de la decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado determinó que la controversia planteada sí posee relevancia constitucional, pues involucra presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad, la tutela judicial efectiva y el acceso a la administración de justicia, en relación con la sentencia que negó el reconocimiento y pago de diferencias salariales derivadas de incrementos desiguales en el escalafón docente durante el año 2009. Respecto al fondo, la Sala encontró que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, dado que no omitió ni valoró indebidamente pruebas determinantes. La discusión se centró en la interpretación jurídica de la política salarial y no en la valoración probatoria. En cuanto al defecto sustantivo, se concluyó que la sentencia del Tribunal Administrativo regional se fundamentó en una interpretación razonable y coherente del marco normativo aplicable (Ley 4 de 1992, Decreto Ley 1278 de 2002 y Constitución Política), que permite la aplicación de incrementos salariales diferenciados basados en criterios objetivos como el grado y formación académica de los docentes. Por tanto, no se vulneró el principio de igualdad ni otros derechos invocados.

Antecedentes relevantes

• La acción de tutela fue interpuesta contra sentencia que confirmó la negativa al reconocimiento de diferencias salariales en el escalafón docente, derivadas de incrementos desiguales en 2009 entre categorías con distinta formación académica.
• La demandante, docente oficial en una categoría específica del escalafón, alegó vulneración de derechos fundamentales por discriminación en la asignación de incrementos salariales.
• En primera instancia, el juzgado administrativo negó las pretensiones, criterio confirmado por el Tribunal Administrativo regional.
• La Sala anterior del Consejo de Estado había declarado improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional.
• Las entidades demandadas y el tribunal administrativo manifestaron que la política salarial se ajustaba a criterios legales y constitucionales y que no se afectaron garantías procesales ni derechos fundamentales de forma grave.

Efectos jurídicos de la decisión

• La revocatoria de la declaración de improcedencia permite el estudio de fondo de la acción de tutela, aunque el amparo fue finalmente negado.
• La decisión vincula a las partes en el proceso, confirmando la interpretación jurídica sobre la facultad del Gobierno nacional para fijar incrementos salariales diferenciados en el escalafón docente.
• Se remitió copia de la decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a la normativa vigente.

En conclusión, el Consejo de Estado reafirma la potestad normativa del Estado para establecer políticas salariales diferenciadas dentro del escalafón docente, siempre que se fundamenten en criterios objetivos y respeten los derechos fundamentales. La acción de tutela es un mecanismo excepcional que no procede en este caso por no haberse configurado violaciones sustanciales a los derechos invocados.