Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de una sentencia de primera instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.

Sentido de la decisión

• No acceder a la medida provisional solicitada.
• Negar el amparo solicitado en la acción de tutela respecto al derecho al acceso a la administración de justicia.
• Declarar improcedente la acción de tutela en lo relacionado con los reproches contra las providencias adoptadas en el proceso policivo y en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
• Reconocer personería al apoderado judicial de los accionantes para efectos del proceso.

Razón principal de la decisión

La decisión se sustentó principalmente en que la acción de tutela carece de inmediatez, dado que la providencia policiva cuestionada fue proferida hace más de dos años y siete meses antes de la presentación del amparo. Además, el tribunal constató que no existió vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia, ya que las autoridades a las cuales se acudió respondieron conforme a sus competencias y no se configuró conflicto negativo de competencias. Por último, se consideró que los actos adoptados en el proceso policivo tienen naturaleza jurisdiccional y no son susceptibles de control mediante el medio de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a la normatividad aplicable.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

Los accionantes promovieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo local, la Alcaldía municipal, la Inspección Municipal de Policía y otras autoridades, con el fin de obtener protección de derechos fundamentales relacionados con un proceso policivo por perturbación a la posesión de un inmueble. En dicho proceso, la autoridad policiva declaró a los accionantes perturbadores de la posesión y ordenó su desalojo. Los accionantes alegaron defectos sustantivos, fácticos y procedimentales en las decisiones policivas, incluyendo la falta de legitimación del querellante y la valoración insuficiente de pruebas, así como la existencia de un conflicto negativo de competencias por la negativa de la Alcaldía y la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para conocer de fondo las pretensiones. Posteriormente, la Alcaldía rechazó de plano una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por los accionantes, por falta de competencia para conocer dicha demanda. El Juzgado Administrativo local y el Tribunal Administrativo de la misma jurisdicción confirmaron la improcedencia del medio de control utilizado contra las providencias policivas, considerando la naturaleza jurisdiccional de estas decisiones. Finalmente, los accionantes presentaron la acción de tutela ante el Consejo de Estado, alegando vulneración de derechos fundamentales y solicitando medidas cautelares.

Efectos jurídicos de la decisión

La sentencia:

• Vincula a las partes involucradas en la acción de tutela y a las autoridades demandadas en la providencia, confirmando la improcedencia del amparo para controvertir las decisiones adoptadas en el proceso policivo y en el medio de control de nulidad.
• Impide que la acción de tutela pueda ser utilizada para revisar actos de naturaleza jurisdiccional en procesos policivos una vez superado el término razonable para su impugnación.
• Ordena notificar la decisión a los interesados y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
• Reconoce personería al abogado apoderado de los accionantes para los efectos procesales.

Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma la importancia de respetar los procedimientos legales establecidos para la impugnación de actos jurisdiccionales y limita el uso de la acción de tutela, reservándola para casos donde efectivamente exista una vulneración inmediata de derechos fundamentales. Así, se garantiza la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia en los procesos policivos y administrativos.