Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto aclaratorio emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, en el trámite de una acción de tutela. La providencia aclara el voto del magistrado ponente respecto a la sentencia de primera instancia dictada el 9 de julio de 2026.

Sentido de la decisión

• Se ratifica el amparo concedido en la acción de tutela contra providencias judiciales de primera y segunda instancia que negaron el mandamiento de pago en un proceso ejecutivo.
• Se aclara que la solicitud de llevar el caso a Sala Plena para unificar criterio debía ser resuelta por auto de ponente y con anterioridad a la sentencia de primera instancia.
• Se señala que dicha solicitud es competencia del juez sustanciador, encargado de garantizar el debido proceso en el trámite correspondiente.
• Se reconoce que el análisis sobre la relevancia constitucional del caso requiere ser replanteado, dado que la controversia afecta derechos fundamentales vinculados con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Razón principal de la decisión

El tribunal encontró que los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia cometieron un defecto sustantivo al interpretar de manera incorrecta las normas que regulan el mérito ejecutivo de los documentos presentados para fundamentar el mandamiento de pago. En particular, omitieron valorar como título ejecutivo válido el pagaré y la carta de instrucciones aportados, lo que generó un defecto fáctico en la decisión. Asimismo, se indicó que la solicitud de unificación de criterio debía ser resuelta previamente, para garantizar el debido proceso, y se consideró que la controversia, aunque de naturaleza económica, puede afectar derechos fundamentales por la naturaleza del instituto demandante y su régimen jurídico especial.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El caso involucra una acción de tutela promovida por un instituto financiero público contra decisiones de órganos judiciales que negaron un mandamiento de pago en un proceso ejecutivo derivado de un contrato de mutuo. La parte actora alegó vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por considerar que las autoridades judiciales exigieron la presentación incompleta de títulos ejecutivos. Desde el inicio del proceso se solicitó que el caso fuera llevado a Sala Plena para unificar criterio conforme al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

Efectos jurídicos de la providencia

• La decisión obliga a los juzgados y tribunales a valorar adecuadamente los documentos presentados como títulos ejecutivos en procesos similares.
• Se ordena que las solicitudes de unificación de criterio en procesos de tutela sean resueltas mediante auto de ponente antes de dictar sentencia.
• Se deja abierta la posibilidad de revisar el requisito de relevancia constitucional en casos que involucren controversias similares, dadas las posibles afectaciones a derechos fundamentales y la naturaleza especial de la entidad demandante.

La providencia del Consejo de Estado establece un precedente importante en cuanto a los procedimientos para la unificación de criterios en materia de tutela, asegurando que se respeten los derechos fundamentales y se garantice el debido proceso en los casos donde existan dudas sobre la interpretación de documentos ejecutivos. Con ello, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve una adecuada administración de justicia en los procesos contencioso-administrativos.