Naturaleza de la providencia y competencia

La providencia corresponde a una sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el trámite de impugnación de una acción de tutela.

Sentido de la decisión

• Confirmación de la sentencia de primera instancia que negó la solicitud de amparo.
• Rechazo a la pretensión de ordenar al juez administrativo la aplicación del trámite preferencial literal previsto en el artículo 91 de la Ley 2430 de 2024.
• Reconocimiento de la validez y eficacia de la medida de impulso diferenciado adoptada por el juzgado para proteger los derechos fundamentales del menor.
• Orden de notificar la decisión a las partes y enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Razón principal de la decisión

La Sala concluyó que el Juzgado 13 Administrativo no desconoció la protección constitucional reforzada del menor al negar la solicitud de trámite preferencial literal, sino que adoptó una medida de impulso diferenciado que materializa la finalidad de dicha disposición legal. Se destacó que el trámite preferencial no obliga a desplazar indefinidamente otros procesos ni a apartarse de las reglas procesales propias, sino a otorgar una prioridad relativa dentro del funcionamiento normal del despacho judicial. La interpretación literal y restrictiva del artículo 91 de la Ley 2430 de 2024, como lo solicitaba la accionante, no se ajusta a la autonomía judicial ni a la adecuada administración de justicia.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

• En acción de tutela presentada en representación de un menor afectado por contagio de VIH/SIDA, se solicitó al Juzgado Administrativo competente el trámite preferencial del proceso de reparación directa.
• El Juzgado negó la solicitud fundamentando que el artículo 91 de la Ley 2430 de 2024 limita el trámite preferencial a procesos penales, civiles o de familia, excluyendo los de la jurisdicción contencioso administrativa, pero dispuso un impulso diferenciado atendiendo la condición del menor como sujeto de protección constitucional reforzada.
• La acción de tutela impugnó estas providencias alegando violación de derechos fundamentales y solicitando que se ordenara la aplicación del trámite preferencial literal.
• El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la tutela, decisión que fue impugnada ante el Consejo de Estado.

Efectos jurídicos de la decisión

• Se mantiene la validez de las providencias judiciales que negaron el trámite preferencial literal y adoptaron un impulso diferenciado.
• La autoridad judicial está facultada para dar prioridad procesal mediante impulso diferenciado sin alterar de manera permanente el orden de turnos ni suspender indefinidamente la tramitación de otros asuntos.
• La decisión vincula a las partes y terceros intervinientes en el proceso.
• Se ordena remitir el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión, conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

En conclusión, el Consejo de Estado reafirma la autonomía judicial para administrar los procesos conforme a las circunstancias particulares de cada caso, especialmente cuando se trata de la protección de derechos fundamentales de menores. La medida de impulso diferenciado constituye un mecanismo adecuado para garantizar la celeridad y prioridad necesaria sin comprometer el orden procesal ni los derechos de otras partes involucradas.