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Consejo de Estado revoca sentencia y anula actos de liquidación y sanción tributaria de la DIAN

Proviene de: Sentencias

5 de agosto de 2026 19:14:20

Naturaleza de la providencia y contexto procesal

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en segunda instancia, resolvió un recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, relacionada con actos administrativos proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El medio de control ejercido fue la nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Sentido de la decisión

  • Revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones del demandante.
  • Declarar la nulidad de la resolución sanción, la liquidación de aforo y tres resoluciones que confirmaron dichos actos, todas emitidas por la DIAN.
  • Declarar que ni la sociedad extranjera ni el demandante están obligados a pagar las sumas determinadas en los actos anulados.
  • Condenar en costas a la entidad demandada en ambas instancias.

Razón principal de la decisión

El tribunal estableció que el plazo de cinco años para que la DIAN profiriera los actos del procedimiento de aforo comenzó a contarse desde el vencimiento del plazo para presentar la declaración de renta por el cambio de titularidad de inversión extranjera. Dicha fecha es la inscripción en el libro de accionistas, que en este caso fue el 14 de febrero de 2011 y no el 5 de marzo de 2011, fecha utilizada por la Administración. Por consiguiente, los actos administrativos impugnados, emitidos y notificados después del 14 de marzo de 2016, se profirieron fuera del término legal, lo que implicó pérdida de competencia y, en consecuencia, la nulidad de las resoluciones sanción, liquidación de aforo y las confirmatorias.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

  • La DIAN emitió un emplazamiento para declarar la renta del año gravable 2011 a una sociedad extranjera por una operación de cambio de titularidad de inversión extranjera.
  • Posteriormente, profirió una resolución sanción y una liquidación oficial de aforo contra dicha sociedad y vinculó al demandante, quien figuraba en el Registro Único Tributario (RUT) como representante legal o apoderado especial.
  • El demandante impugnó dichos actos administrativos, alegando que no tenía calidad de representante legal ni apoderado con facultades para presentar la declaración, que la sociedad se encontraba liquidada y que los actos fueron emitidos extemporáneamente.
  • El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones, entendiendo que la fecha relevante para calcular los plazos era la inscripción en el libro de accionistas el 5 de marzo de 2011, y que el demandante tenía vinculación con la sociedad como apoderado especial.
  • El demandante apeló la decisión, reiterando que la fecha correcta para calcular el término era el 14 de febrero de 2011, fecha de la liquidación y adjudicación de acciones, y que los actos administrativos fueron extemporáneos.

Efectos jurídicos de la decisión

  • La nulidad de los actos administrativos obliga a la DIAN a dejar sin efecto las sanciones y liquidaciones de aforo impugnadas.
  • Se libera al demandante y a la sociedad extranjera de la obligación de pagar las sumas determinadas en dichas actuaciones por concepto del impuesto sobre la renta del año gravable 2011.
  • Se ordena al Tribunal Administrativo de Antioquia adelantar el incidente de liquidación de costas conforme a lo dispuesto en la providencia.

Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma la importancia del respeto a los términos legales para la emisión de actos administrativos, especialmente en materia tributaria, garantizando la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes frente a actuaciones extemporáneas de la Administración.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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