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Consejo de Estado niega suspensión provisional del Decreto de Desastre Nacional por pérdida de vigencia

Proviene de: Sentencias

5 de agosto de 2026 10:42:51

Naturaleza de la providencia y contexto procesal

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en auto interlocutorio, resolvió la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Decreto 037 de 2024, mediante el cual se declaró la situación de desastre nacional en todo el territorio colombiano. La solicitud fue presentada en el marco de un proceso contencioso administrativo, en el que se acumuló una petición de medida cautelar de dos demandas conexas.

Sentido de la decisión

  • Solicitud: Suspensión provisional de los efectos del Decreto 037 de 2024.
  • Decisión: Negación de la medida cautelar solicitada.

Razón principal que sustenta la decisión

El tribunal concluyó que el Decreto 037 de 2024, que declaró la situación de desastre nacional por un término de doce meses prorrogables, había perdido vigencia al momento de la solicitud de la medida cautelar, dado que no se acreditó el uso de la prórroga y el término original había expirado. En consecuencia, al no estar el acto administrativo produciendo efectos jurídicos, no procede la suspensión provisional, pues esta medida busca impedir que un acto continúe surtiendo efectos mientras se decide sobre su legalidad. La providencia recordó que la suspensión provisional es improcedente cuando el acto ha dejado de ser ejecutorio, configurándose una carencia de objeto por sustracción de materia.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El Decreto 037 de 2024 fue expedido por la Presidencia de la República para declarar la situación de desastre nacional por doce meses, con posibilidad de prórroga previa aprobación del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se presentaron solicitudes de medida cautelar por parte de un ciudadano y una fundación, quienes alegaron vicios en la expedición del decreto, tales como falta de precisión en las causales, criterios y planes de acción específicos para la gestión del desastre, además de una presunta falsa motivación en relación con el plazo establecido. El Consejo de Estado, tras analizar el decreto y las pruebas allegadas, incluido el informe técnico del IDEAM y otros documentos, trasladó la solicitud a la entidad demandada, que sostuvo la legalidad del acto y argumentó la inexistencia de los requisitos para conceder la medida cautelar.

Efectos jurídicos de la decisión

La providencia vincula a las partes en el proceso, negando la suspensión provisional del Decreto 037 de 2024. Esto implica que no se ordena la interrupción de efectos de un acto que, al momento de la decisión, ya no produce efectos jurídicos. La resolución confirma que la suspensión provisional es inapropiada cuando el acto administrativo ha perdido vigencia, conforme al artículo 91, numeral 5, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Consideraciones adicionales

El tribunal enfatizó que la suspensión provisional requiere la demostración sumaria de la violación del ordenamiento jurídico y la existencia de perjuicios que justifiquen la medida. Sin embargo, al no estar vigente el acto cuestionado, no se cumplen los presupuestos para su suspensión. La providencia se pronunció en atención a la normativa aplicable y la jurisprudencia previa de la misma Sección, que ha establecido el principio de carencia de objeto por sustracción de materia cuando los efectos del acto administrativo se han cumplido o han cesado. En consecuencia, la Sala resolvió negar la medida cautelar solicitada, reafirmando así la importancia de la vigencia efectiva del acto administrativo para la procedencia de medidas cautelares que afecten su ejecución. Esta decisión contribuye a la seguridad jurídica y al adecuado funcionamiento del control judicial sobre los actos administrativos en Colombia.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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