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Consejo de Estado confirma nulidad de tarifa del impuesto de alumbrado por falta de estudio técnico

Proviene de: Sentencias

11 de agosto de 2026 20:7:2

Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de una sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en revisión de un recurso de apelación contra una decisión del Tribunal Administrativo del departamento correspondiente.

Sentido de la decisión

  • Declarar la nulidad del artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019, que estableció la tarifa del impuesto de alumbrado público en el municipio demandado.
  • Negar las demás pretensiones de la demanda, incluyendo la nulidad del Acuerdo 086 de 1998 y el Capítulo XVI del Acuerdo 019 de 2019.
  • No condenar en costas por tratarse de un asunto de interés público.

Razón principal de la decisión

El tribunal confirmó que la tarifa impuesta mediante el artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019 fue fijada sin contar con el estudio técnico de referencia exigido por el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018. Este estudio debe determinar los costos reales de prestación del servicio de alumbrado público, considerando variables técnicas como infraestructura, cobertura, calidad y eficiencia energética. Aunque se solicitó al concejo municipal la entrega de dicho estudio durante el proceso, no se aportaron pruebas que demostraran su existencia. Por ello, la tarifa adoptada carece del sustento técnico requerido y su establecimiento constituye una irregularidad que justifica la nulidad del acto administrativo.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda de nulidad se presentó contra el artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019 y contra el Acuerdo 086 de 1998, cuestionando la actualización del régimen tarifario del impuesto de alumbrado público en el municipio. Se alegó que ambos actos carecían del estudio técnico obligatorio para fijar tarifas conforme a la Ley 1819 de 2016 y su reglamentación. El Tribunal Administrativo declaró la nulidad solo del artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019, considerando que el Acuerdo 086 de 1998 se emitió antes de la vigencia de la norma que exige el estudio técnico. La entidad demandada apeló la decisión, alegando defectos en la congruencia y motivación del fallo, y argumentando que el concejo municipal actuó con competencia y conforme al procedimiento legal. También cuestionó que se haya hecho un pronunciamiento sobre aspectos no claramente planteados en la demanda. El Ministerio Público intervino en el proceso y consideró procedente la nulidad por incumplimiento del estudio técnico.

Efectos jurídicos de la decisión

La sentencia confirma la nulidad del artículo 280 del Acuerdo 019 de 2019, lo que implica la invalidación del acto administrativo que fijó la tarifa del impuesto de alumbrado público sin el estudio técnico correspondiente. Esta decisión obliga al municipio a ajustar sus actos normativos para cumplir con las exigencias legales y reglamentarias vigentes en materia tributaria. No se impusieron condenas en costas dado el interés público del asunto.

Consideraciones adicionales

El Consejo de Estado enfatizó la exigencia legal de que los municipios y distritos deben basar el régimen tarifario del impuesto de alumbrado público en un estudio técnico que determine los costos del servicio. El incumplimiento de esta obligación conlleva a la nulidad de los actos administrativos que establezcan tarifas sin dicho soporte. Asimismo, el tribunal rechazó las alegaciones de falta de congruencia y motivación en la sentencia apelada, señalando que el análisis realizado correspondió al marco del debate planteado y se fundamentó en normas claras y pruebas solicitadas durante el proceso. La decisión respeta el principio de legalidad tributaria y la necesidad de garantizar que el cobro del impuesto se realice con base en criterios técnicos y transparentes, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la gestión pública y promoviendo la correcta administración de los recursos destinados al alumbrado público.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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