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Consejo de Estado avoca conocimiento de control inmediato de legalidad sobre resolución del Departamento para la Prosperidad Social

Proviene de: Sentencias

11 de agosto de 2026 20:56:45

Naturaleza de la providencia y tribunal

El acto judicial corresponde a un auto emitido por la Sala Séptima Especial de Decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. La providencia se profiere en sede de control inmediato de legalidad de un acto administrativo de carácter general expedido por una entidad administrativa nacional.

Sentido de la decisión

  • Se avoca conocimiento del trámite de control inmediato de legalidad sobre la Resolución 0768 de 15 de abril de 2026, dictada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
  • Se ordena fijar un aviso en la Secretaría General del Consejo de Estado por diez (10) días, para que cualquier ciudadano pueda intervenir por escrito en defensa o impugnación de la legalidad del acto.
  • Se ordena la publicación del aviso en el sitio web del Consejo de Estado por el mismo término.
  • Se informa al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social sobre el inicio del trámite y se le ordena remitir, en un término de tres (3) días, los antecedentes administrativos relacionados con la Resolución 0768.
  • Se notifica al Ministerio Público para que, dentro de los diez (10) días siguientes, rinda concepto sobre la legalidad del acto.

Razón principal de la decisión

El despacho concluyó que la Resolución 0768 de 2026 constituye un acto administrativo de carácter general expedido en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo directo de los decretos legislativos dictados en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Gobierno Nacional. En consecuencia, procede su control inmediato de legalidad conforme a los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 y 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Antecedentes fácticos y procesales

El 11 de febrero de 2026, el Presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica para varios departamentos del país, con el fin de mitigar los efectos de un frente frío asociado a la ola invernal. En desarrollo de esta declaratoria, se expidieron varios decretos legislativos que establecieron medidas tributarias especiales y disposiciones presupuestales para atender la emergencia. Entre estos, el Decreto Legislativo 0245 de 2026 autorizó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a implementar transferencias monetarias extraordinarias y otras medidas para enfrentar la crisis. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0366 de 7 de abril de 2026, que liquidó recursos adicionados al presupuesto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para la vigencia fiscal de 2026, con el propósito de financiar las medidas extraordinarias. En ese contexto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dictó la Resolución 0768 de 15 de abril de 2026, mediante la cual realizó la desagregación de dichos recursos al presupuesto de gastos de inversión de esa entidad.

Efectos jurídicos de la providencia

La providencia ordena la apertura del trámite de control inmediato de legalidad sobre la Resolución 0768, con las siguientes consecuencias jurídicas:
  • Se establece un período de participación ciudadana para que terceros puedan intervenir en el proceso.
  • Se obliga al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a aportar los antecedentes administrativos vinculados al acto impugnado.
  • Se requiere al Ministerio Público emitir concepto sobre la legalidad de la resolución en el término establecido.
  • El Consejo de Estado asume competencia para examinar la legalidad del acto conforme al marco normativo aplicable a los estados de excepción.
Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma su rol fundamental en la vigilancia del cumplimiento de la legalidad por parte de las entidades administrativas, especialmente en situaciones de emergencia que requieren medidas excepcionales. El proceso de control inmediato garantizará que las acciones adoptadas por el Departamento para la Prosperidad Social se ajusten a la normativa vigente y protejan los derechos e intereses de la ciudadanía.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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