Naturaleza de la providencia e instancia

Se trata de un auto proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su función de resolver el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de primera instancia dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Sentido de la decisión

• Confirmar la sentencia que declaró disciplinariamente responsable a la abogada y la sancionó con suspensión en el ejercicio profesional por dos meses.
• Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados.
• Ordenar las notificaciones judiciales pertinentes y retornar las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de origen para su trámite.

Razón principal de la decisión

La decisión se fundamenta en que la abogada sancionada permitió que un tercero, no inscrito como abogado ni habilitado para ejercer la profesión, interviniera en actividades relacionadas con la asesoría jurídica, seguimiento e información a la clienta en procesos judiciales de impugnación de actas de asamblea. Esta conducta encuadra en la falta disciplinaria de patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía, prevista en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, y afecta el deber profesional de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión, conforme al numeral 5° del artículo 28 de la misma ley. El tribunal consideró que la participación del tercero no se limitó a labores administrativas o comerciales, sino que incluyó reuniones, informes, seguimiento y respuestas jurídicas que proyectaron ante la clienta la apariencia de integrar el equipo jurídico encargado del asunto. Además, la abogada conocía la falta de habilitación profesional del tercero y, a pesar de ello, no aclaró oportunamente esa situación ni impidió su intervención en actividades propias del ejercicio profesional.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

• La abogada asumió la representación judicial para promover procesos de impugnación de actas de asamblea en dos conjuntos residenciales.
• Durante la ejecución del encargo, un tercero, no inscrito ni habilitado como abogado, intervino en actividades de orientación, seguimiento e información jurídica frente a la clienta.
• El tercero fue presentado en formatos contractuales como parte del equipo jurídico, validó informes mediante mensajes electrónicos y respondió a derechos de petición relacionados con los procesos.
• La clienta identificó al tercero como interlocutor habitual y partícipe en las gestiones jurídicas.
• La representación formal ante los juzgados fue ejercida exclusivamente por la abogada sancionada.
• Se adelantó un proceso disciplinario con audiencias de pruebas y juzgamiento, donde se valoraron pruebas documentales, testimoniales y comunicaciones electrónicas.
• La abogada apeló la decisión alegando que la conducta del tercero se limitó a labores administrativas y comerciales y que el contrato de prestación de servicios era un borrador no suscrito.

Efectos jurídicos de la decisión

• La abogada sancionada queda suspendida por dos meses en el ejercicio profesional.
• La sanción será anotada en el Registro Nacional de Abogados, quedando constancia pública de la medida disciplinaria.
• La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de origen continuará con el trámite del proceso conforme a lo ordenado.
• La decisión es definitiva en cuanto al recurso de apelación interpuesto, sin posibilidad de ulterior impugnación.

Con esta resolución, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reafirma la importancia de la vigilancia sobre el ejercicio profesional y la responsabilidad de los abogados en evitar que personas no habilitadas intervengan en actividades propias de la abogacía. De esta forma, se protege la integridad de la profesión y los derechos de los usuarios del servicio jurídico.