Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ejercicio de su competencia para resolver la apelación interpuesta contra una sentencia de primera instancia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca.

Sentido de la decisión

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió:

• Confirmar la sentencia de primera instancia que sancionó con censura a un abogado.
• Declarar al abogado disciplinariamente responsable de incurrir, a título de culpa, en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por infringir el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 28 del mismo estatuto.
• Ordenar las notificaciones judiciales correspondientes, advirtiendo que contra esta decisión no procede recurso alguno.
• Anotar la sanción impuesta en el Registro Nacional de Abogados y remitir copia de la sentencia con la constancia de ejecutoria a la oficina encargada de dicho registro.
• Compulsar copias con destino a la Secretaría Judicial para que se inicien actuaciones por la mora advertida en el proceso disciplinario relacionado.
• Regresar las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de origen para que continúe el trámite respectivo.

Razón principal de la decisión

La decisión se fundamenta en que el abogado, designado formalmente como defensor de oficio en un proceso disciplinario, fue notificado de manera efectiva sobre la audiencia de pruebas y calificación provisional fijada para el 15 de febrero de 2024, con envío de correo electrónico que tuvo confirmación de entrega. Pese a ello, no asistió ni presentó excusa válida dentro del término legal establecido. El tribunal consideró que la respuesta del abogado antes de la audiencia, en la que solicitaba su relevo del cargo mediante correo electrónico, no surtió efecto suspensivo ni relevó la obligación de comparecer, pues no existió decisión formal que lo apartara del proceso. La ausencia injustificada incumplió el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, configurando la falta disciplinaria a título de culpa. Asimismo, se señaló que el procedimiento oral y las normas aplicables exigían la comparecencia para sustentar cualquier excusa y permitir su valoración por parte del funcionario competente, lo que no ocurrió. Por lo tanto, la responsabilidad disciplinaria se confirmó con base en prueba documental, actuaciones procesales y la manifestación del propio abogado.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

• El abogado fue designado defensor de oficio en el proceso disciplinario en septiembre de 2019 y notificado personalmente.
• Se fijó audiencia de pruebas para febrero de 2024, notificándose al abogado por correo electrónico con reporte de entrega.
• El abogado negó haber recibido la citación, aunque contestó el oficio dos días antes de la audiencia solicitando su relevo sin que este fuera formalmente aceptado.
• El día de la audiencia, el abogado no asistió ni justificó su inasistencia dentro del plazo legal.
• Ante la inasistencia, la autoridad suspendió la audiencia y requirió justificación, la cual no se presentó, por lo que se compulsaron copias para iniciar el proceso disciplinario.
• El abogado apeló la sanción alegando falta de notificación y ausencia de conocimiento efectivo de la audiencia, así como desproporcionalidad en la sanción.

Efectos jurídicos de la decisión

• El auto confirma la sanción de censura impuesta al abogado, la cual quedará registrada en el Registro Nacional de Abogados desde la fecha de ejecutoria.
• Se ordena que la notificación de la decisión se realice por medios electrónicos con constancia de acuse de recibo.
• Se compulsan copias para que se investigue la mora procesal atribuible al funcionario judicial encargado del proceso disciplinario inicial.
• El fallo vincula al abogado sancionado y a las autoridades disciplinarias en la ejecución de las órdenes contenidas.

La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reafirma la importancia del cumplimiento riguroso de los deberes profesionales y el respeto a los procedimientos establecidos, garantizando así la correcta administración de justicia y la responsabilidad ética de los abogados en el ejercicio de su profesión.