La Superintendencia de Sociedades respondió una consulta sobre la procedencia y efectos de eliminar o reclasificar la reserva legal registrada en el patrimonio de una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.). La entidad aclaró que, conforme a la Ley 1258 de 2008, la constitución y mantenimiento de la reserva legal en una S.A.S. no es obligatoria por mandato legal, sino que depende exclusivamente de lo previsto en los estatutos sociales.

Eliminación y reclasificación de la reserva legal

En caso de que la reserva legal se haya incluido en los estatutos o provenga de una transformación desde otro tipo societario que sí exige la reserva, la asamblea de socios puede eliminarla mediante reforma estatutaria. La entidad explicó que, tras dicha eliminación, el destino del saldo puede ser: (i) distribución de utilidades o dividendos, (ii) compensación de pérdidas, o (iii) reclasificación a otra reserva estatutaria, como una reserva ocasional.

Fundamentos y finalidad de la reserva legal en la S.A.S.

El concepto se fundamenta en que la S.A.S. es un tipo societario simplificado, regido principalmente por lo pactado entre los socios en sus estatutos, y que las normas legales de carácter imperativo, como la obligación de reserva legal en sociedades anónimas, no aplican de forma directa. Además, se resaltó que la reserva legal tiene como finalidad proteger el patrimonio social y asegurar la estabilidad de la sociedad en períodos de dificultad económica. Sin embargo, al no ser obligatoria para la S.A.S. salvo estipulación estatutaria, los socios tienen la facultad de decidir su creación, mantenimiento o eliminación.

Requisitos y consideraciones finales

La Superintendencia recordó que las decisiones sobre reforma estatutaria deben cumplir los requisitos legales y que el órgano social competente podrá disponer de la reserva según lo aprobado. Finalmente, indicó que el concepto emitido tiene carácter general y no vinculante, y que la normatividad y conceptos relacionados están disponibles en la página web de la entidad. Este pronunciamiento aporta claridad para las sociedades por acciones simplificadas y sus socios, facilitando la gestión del patrimonio social conforme a la voluntad estatutaria y evitando interpretaciones erróneas sobre la obligatoriedad de la reserva legal en este tipo societario.