Contexto y competencia

La Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Sociedades respondió una consulta sobre la implementación del SAGRILAFT en un grupo empresarial conformado por diez sociedades, de las cuales seis cumplen con los criterios para estar obligadas a tener el sistema. Se aclaró que la competencia de la entidad es reglada y que el concepto emitido es de carácter general y no vinculante.

Obligación de implementación según la normativa vigente

Con base en el Decreto 1736 de 2020 y la Circular Externa 100-000016 de 2020, están obligadas a implementar el SAGRILAFT aquellas empresas sujetas a vigilancia o control de la Superintendencia que hayan obtenido ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) al 31 de diciembre del año anterior, así como empresas de sectores específicos que cumplan con ciertos requisitos de ingresos o activos.

Características del SAGRILAFT y su aplicación en grupos empresariales

Cada empresa obligada debe diseñar y aprobar un SAGRILAFT adaptado a sus características específicas y riesgos propios, incluyendo una política y un manual de procedimientos para la gestión del riesgo. El representante legal y la junta directiva son responsables de aprobar el sistema y de disponer los recursos necesarios para su implementación. Aunque el oficial de cumplimiento de la matriz pueda actuar para todas las sociedades del grupo, cada empresa debe contar con un sistema propio que permita evaluar, monitorear y controlar sus riesgos particulares, evitando la implementación de un único sistema consolidado para todo el grupo.

Conclusión y recomendaciones

El oficio reafirma que el SAGRILAFT debe ser implementado de manera individual por cada sociedad que cumpla con los criterios establecidos, con sistemas adecuados a sus necesidades y riesgos específicos. La Superintendencia recomienda consultar la normatividad y conceptos disponibles en su página web para un adecuado cumplimiento, y sugiere que las empresas mantengan actualizados sus procedimientos para garantizar una gestión eficaz y conforme a la regulación vigente. De esta manera, se fortalece la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el entorno empresarial.